Un total de 1.050 familias en Medellín ya tienen respaldo legal sobre sus viviendas durante la actual administración, en un avance que no solo ordena el territorio, sino que cambia de fondo la vida de quienes durante años habitaron en la informalidad.
El proceso, liderado por el Isvimed, permite que construcciones levantadas sin licencia sean reconocidas oficialmente por la Curaduría Urbana, siempre que cumplan con las normas vigentes. Esto se traduce en algo clave para las familias: seguridad jurídica sobre su propiedad y la posibilidad de proyectar su futuro con mayor estabilidad.
Más allá del trámite, el impacto es directo. Con la legalización, los hogares pueden iniciar procesos como propiedad horizontal, acceder a subsidios y créditos, solicitar licencias para mejoras e incluso conectarse formalmente a servicios públicos. Además, cada familia recibió documentos fundamentales como planos aprobados, certificado de nomenclatura y la resolución oficial que respalda su vivienda.
Desde la administración distrital destacan que este avance representa una transformación real en la calidad de vida de estas familias, al tiempo que impulsa la legalidad y la equidad en la ciudad. La apuesta ahora es seguir ampliando el programa para que más hogares puedan salir de la informalidad y consolidar su patrimonio.