El economista y concejal de Medellín, Luis Guillermo Vélez Álvarez, lanzó una advertencia sobre el rumbo institucional y económico del país al señalar que 2026 podría convertirse en un “punto de no retorno” para Colombia si no se corrigen señales de deterioro que, aunque aún no configuran una crisis abierta, sí muestran un debilitamiento estructural.
En un análisis publicado en febrero de 2026, Vélez sostiene que las economías no colapsan de manera repentina, sino que antes atraviesan un proceso gradual de erosión de las condiciones que permiten su funcionamiento normal. A ese conjunto de factores —división funcional del trabajo, moneda estable, propiedad privada protegida, precios libres e intercambio voluntario— lo denomina “Atmósfera Económica”.
“Hoy Colombia no enfrenta una crisis abierta. Pero sí muestra signos de erosión en su atmósfera económica”, afirma el concejal, quien advierte que el riesgo no es un estallido inmediato como hiperinflación o cesación de pagos, sino la acumulación progresiva de debilitamiento institucional, caída de la inversión y estancamiento productivo.
Un problema funcional, no ideológico
Vélez apoya su argumento en planteamientos clásicos de la teoría económica. Retoma a Ludwig von Mises y Friedrich Hayek para señalar que, sin propiedad privada sólida y precios formados en el mercado, el cálculo económico pierde racionalidad y la inversión se resiente.
Según su análisis, en Colombia ya se observan señales como caída relativa de la inversión privada, crecimiento potencial reducido y productividad estancada. “No es colapso. Es debilitamiento”, resume.
“Golpe por cuotas” y captura institucional
Uno de los puntos centrales del documento es la advertencia sobre lo que denomina un “golpe por cuotas”: una captura progresiva de instituciones clave sin ruptura formal del régimen democrático.
El fenómeno, según explica, se manifestaría en la colonización gradual de órganos de control, presión política sobre entidades autónomas, uso selectivo del aparato sancionatorio y deslegitimación discursiva de los contrapesos.
“El impacto económico es inmediato en expectativas, aunque no siempre visible en cifras. Aumenta la prima de riesgo, se acortan los horizontes de inversión y el capital se vuelve defensivo”, señala.
Riesgo territorial y economía informal
El concejal también advierte sobre la fragmentación territorial como factor adicional de vulnerabilidad. Plantea que cuando el Estado pierde control efectivo en regiones productivas mientras incrementa la presión regulatoria sobre la economía formal, se genera una asimetría que incentiva la informalidad o incluso el desplazamiento hacia economías ilícitas.
En su análisis, el proceso de deterioro podría avanzar por fases: polarización institucional, intervenciones regulatorias selectivas, caída sostenida de la inversión, desanclaje de expectativas fiscales o monetarias y, finalmente, estancamiento estructural.
El “punto crítico”, afirma, no sería una crisis espectacular, sino la consolidación de un escenario de bajo crecimiento prolongado, caracterizado por inversión privada deprimida, crecimiento potencial inferior al 2 % y prima de riesgo persistentemente alta frente a la región.
2026 como bifurcación
Para Vélez, la elección presidencial de 2026 podría convertirse en una bifurcación estructural. Si la erosión institucional se mantiene contenida, un giro hacia estabilidad regulatoria, respeto a la autonomía monetaria y recuperación del control territorial podría restaurar la confianza.
Sin embargo, advierte que si antes de esa fecha se consolida la captura institucional y el debilitamiento territorial, incluso una alternancia política podría encontrar un aparato ya reconfigurado y con daños acumulados difíciles de revertir.
“El peligro no es una hiperinflación inminente ni una expropiación masiva. Es más silencioso: menor inversión de largo plazo, migración de capital humano calificado, expansión del sector informal y crecimiento persistentemente bajo”, concluye.
El concejal insiste en que Colombia aún no ha cruzado ningún umbral irreversible, pero alerta que la normalización del deterioro incremental podría traducirse en la pérdida de una década de desarrollo. Según su advertencia, 2026 no será solo una elección más, sino una decisión estructural sobre el rumbo económico e institucional del país en los próximos años.