Tres días llevan secuestrados 34 militares en el municipio de El Retorno, Guaviare, en medio de una asonada de aproximadamente 600 personas que, según el Ejército, fueron movilizadas bajo presión de alias ‘Jimmy Parra’, cabecilla de la estructura 44 de las disidencias de las FARC.
El hecho ocurrió en la vereda Nueva York, tras una operación militar en la que fue neutralizado alias ‘Dumar’ o ‘Chito’, señalado como jefe de ese grupo armado. De acuerdo con el reporte, los uniformados fueron rodeados y retenidos a la intemperie, en medio de arengas e improperios, mientras un sector de la multitud exigía la entrega de los cuerpos de los presuntos disidentes muertos en combate.
Los militares estarían siendo asediados constantemente con drones terroristas, la institución calificó lo sucedido como una “grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, al denunciar que la población civil fue instrumentalizada como escudo humano para presionar a la tropa y obstaculizar la operación militar.
El episodio, advierten expertos en seguridad, refleja un fenómeno que se repite en regiones como Caquetá, Arauca, Cauca y Norte de Santander, donde comunidades son presionadas por grupos armados para enfrentar a la Fuerza Pública y frenar capturas o incautaciones. Una práctica que, además de poner en riesgo a los civiles, mina la confianza en las instituciones estatales.
El Ejército reiteró que lo sucedido constituye una “agresión inminente contra la vida e integridad de la tropa” y encendió alertas entre organizaciones de derechos humanos y gremios económicos. Mientras unos piden una mayor presencia estatal integral en los territorios, otros insisten en que la respuesta no puede limitarse a lo militar, sino que debe incluir protección a las comunidades rurales y fortalecimiento de la justicia.