En Colombia, la violencia de género continúa cobrándose vidas a un ritmo alarmante. Según el más reciente boletín del Observatorio Colombiano de Feminicidios, este 2024 se han registrado 745 feminicidios hasta octubre, lo que equivale a un promedio de tres mujeres asesinadas cada día por razones de género. Esta cifra representa el registro más alto en los últimos siete años y pone en entredicho las promesas del presidente Gustavo Petro de combatir este flagelo.
A pesar de las propuestas realizadas en campaña, las políticas públicas anunciadas para erradicar la violencia de género no han tenido impacto tangible. Los departamentos más afectados son Antioquia, con 110 casos; Bogotá, con 74; y Atlántico, con 66, lo que evidencia una problemática que se extiende por todo el país y afecta tanto a áreas urbanas como rurales.
El contexto de estas cifras refleja una mezcla de impunidad y desigualdad estructural. De acuerdo con el Observatorio, el 35 % de las víctimas eran madres, en su mayoría trabajadoras informales que enfrentaban precariedad económica. Solo el 6 % tenía empleos formales, lo que expone una doble vulnerabilidad: la dependencia económica y la exposición constante a la violencia de género.
En el 36 % de los feminicidios, los agresores eran conocidos cercanos de las víctimas, como parejas, exparejas o familiares. Además, la violencia no discrimina por edad: el 4 % de los casos involucró a niñas menores de 14 años, y muchas de estas agresiones incluyeron violencia sexual.
“El hogar, que debería ser un espacio seguro, es el lugar donde ocurre cerca del 40 % de los feminicidios”, denunció Karol Martínez, directora de la Clínica Jurídica de Violencia Intrafamiliar de la Universidad del Rosario. Sin embargo, los espacios públicos tampoco están libres de peligro, ya que más de la mitad de los crímenes se dieron en vías, tiendas y otros lugares concurridos, frecuentemente frente a testigos.
Los alarmantes datos destacan la necesidad urgente de implementar acciones efectivas y estructurales para proteger a las mujeres y niñas en el país. A pesar del creciente número de feminicidios, las respuestas del gobierno no han sido suficientes para detener esta ola de violencia.
La sociedad civil y diversas organizaciones han hecho un llamado a la administración Petro para que materialice sus compromisos, fortalezca las instituciones encargadas de proteger a las mujeres y fomente medidas preventivas. Mientras tanto, cada feminicidio representa una historia de vida perdida y una señal de que el país aún tiene una enorme deuda con sus mujeres.