Una auditoría de la Contraloría General reveló un presunto detrimento patrimonial por $5.670 millones en la Aeronáutica Civil, debido a la firma de contratos sin licencias ambientales para operar plantas de tratamiento de agua en varios aeropuertos regionales. Además, el ente de control advirtió un grave rezago en el Programa de Aeropuertos para Servicios Aéreos Esenciales (ASAES), que solo ha ejecutado el 2,31 % de sus obras, pese a tener comprometidos más de $377.000 millones.
El hallazgo más crítico se refiere a un convenio suscrito en 2022 para la operación de sistemas de tratamiento de agua en terminales aéreos de la región centro sur del país. Según la Contraloría, este fue firmado sin contar con las licencias ni permisos exigidos por la normativa ambiental, lo que representa una violación legal y un potencial riesgo para los viajeros y las comunidades cercanas.
Entre los aeropuertos señalados están los de Neiva, Florencia, Leticia, Pitalito, San Vicente del Caguán, Villagarzón y Puerto Asís, donde no se encontraron concesiones de agua vigentes ni autorizaciones de vertimiento. Estas omisiones no solo comprometen la operación regular de las plantas, sino también la salubridad pública.
El informe también criticó el estado de ejecución del programa ASAES, creado para mejorar la conectividad aérea en regiones apartadas a través de 14 aeródromos. A pesar de los recursos millonarios asignados mediante convenios con el Ejército Nacional y la entidad ENTerritorio, el avance físico del programa es prácticamente nulo. Solo los aeródromos de Cumaribo y La Primavera presentan algún progreso, con un 8,47 % y un 6,28 % respectivamente.
La Contraloría advirtió que el incumplimiento de los cronogramas podría derivar en sobrecostos y retrasos significativos, afectando directamente a las poblaciones que dependen de estos aeródromos para el transporte de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.
El panorama es preocupante: mientras se destinan recursos públicos considerables, la gestión en la Aerocivil muestra serias fallas administrativas que ponen en entredicho la eficacia de las inversiones en infraestructura aérea y la responsabilidad institucional frente al medio ambiente. Se espera que las autoridades correspondientes tomen medidas inmediatas para corregir el rumbo y evitar que la situación derive en daños mayores al erario y a las comunidades.