El representante a la Cámara y figura destacada del Pacto Histórico, David Racero, enfrenta un momento crítico en su carrera política luego de que la Corte Suprema de Justicia anunciara que estudia imponerle medida de aseguramiento. La decisión se da tras la publicación de nuevas pruebas por parte del periodista Daniel Coronell en su columna El mercado regalado, difundida en el portal Cambio, donde se revelan movimientos financieros que comprometerían al congresista en el uso indebido de los recursos de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
De acuerdo con los documentos revelados, Yidis Gahona, exintegrante de la UTL de Racero, consignó el 24 de diciembre de 2018 $5.320.000 en la cuenta del congresista desde una oficina bancaria en Puerto Carreño (Vichada). Aunque estos pagos fueron justificados como “préstamos temporales”, carecen de soportes contractuales que respalden la versión oficial.
La investigación también señala que Viviana Marcela Moreno, asesora cercana de Racero, habría realizado transferencias periódicas a favor de familiares del congresista. El 29 de abril de 2019 depositó $2.000.000 en la cuenta de Jorge Luis Racero, hermano del legislador, y el 8 de mayo del mismo año transfirió la misma suma a su entonces compañera permanente.
Las pruebas incluyen además pagos a proveedores de alimentos como Agrosolidaria y Mieco Despensa, cuyos registros muestran compras de mercado entregadas en la residencia de Racero durante los meses más críticos de la pandemia. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que recursos públicos destinados al funcionamiento de la UTL habrían sido desviados para cubrir gastos personales del congresista.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema analiza si estas conductas configuran delitos contra la administración pública, entre ellos peculado, concusión o interés indebido en la contratación, lo que podría llevar a la imposición de una medida de aseguramiento en su contra.
Hasta el momento, Racero ha limitado sus pronunciamientos a descalificar las denuncias, sin responder de fondo a las revelaciones de Coronell. El caso representa un duro golpe para el Pacto Histórico, movimiento del cual Racero es una de las caras visibles, y aumenta la presión sobre las autoridades judiciales y disciplinarias para que actúen con celeridad.