Colombia enfrenta un nuevo punto crítico en la lucha contra el narcotráfico. Según un estudio del economista Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, la economía de la cocaína alcanzó en 2023 dimensiones sin precedentes: 253.000 hectáreas sembradas, una producción potencial de 2.600 toneladas métricas y un flujo estimado de US$15.300 millones, cifra que representa el 4,2% del PIB nacional.
Estas alarmantes cifras ubican al narcotráfico por encima de sectores legales como el café —al que triplica en ingresos— e incluso por encima de las remesas familiares, que tradicionalmente han sido un pilar económico para miles de hogares. “Restando incautaciones y tomando precios conservadores en mercados como Estados Unidos, los ingresos del narcotráfico alcanzan niveles comparables a sectores como la construcción”, advierte Mejía.
El estudio no solo pone el foco en el crecimiento de la economía ilegal, sino en la caída de la respuesta estatal. La erradicación manual de cultivos cayó un 93% en los últimos dos años y medio, mientras que la tasa de incautación bajó del 43% al 28%, pese a que en toneladas absolutas las incautaciones aumentaron. Esto se debe, en parte, al incremento de la producción total de cocaína.
Además, la ejecución de programas sociales y de sustitución de cultivos ha sido mínima. En algunos años, apenas se ejecutó entre el 6% y el 20% del presupuesto disponible, lo que deja al país con menos herramientas coercitivas y sin alternativas productivas reales para las comunidades cocaleras.
Una amenaza para el Estado y la economía
Más allá de los cultivos, el estudio advierte sobre los efectos sistémicos de este auge cocalero: penetración del capital ilícito en la economía formal, distorsión de precios, presión sobre el sistema financiero y fortalecimiento de estructuras criminales. “Estamos ante una economía ilegal que ya compite, e incluso supera, a sectores legales clave”, sentencia Mejía.
El académico alerta sobre el riesgo de captura institucional en zonas donde grupos armados controlan enclaves industriales de producción de cocaína. Por eso, propone un cambio integral en la estrategia antidrogas, basado en:
- Financiación real y verificable de la sustitución de cultivos.
- Control territorial efectivo.
- Interdicción más eficiente.
- Coordinación entre instituciones.
“El país necesita recuperar terreno económico e institucional. Si no hay un giro claro, el narcotráfico seguirá ganando espacio”, concluye Mejía.