El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo encendió las alarmas sobre el estado de las finanzas públicas en Colombia, al advertir que el país podría cerrar 2025 con un déficit superior al 8 % del PIB y una deuda neta por encima del 63 %. Sus declaraciones se producen en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que contempla un gasto primario cercano al 20,3 % del PIB, nivel comparable al registrado en 2020 durante la emergencia sanitaria.
De acuerdo con Restrepo, el repunte del gasto corriente, sumado a ingresos tributarios con bajo dinamismo y un mayor costo del servicio de la deuda, comprometen la sostenibilidad fiscal. “Cuando el resultado primario se deteriora y la economía crece por debajo de su potencial, la relación deuda/PIB tiende a escalar aunque se ejecuten reformas tributarias”, señaló, insistiendo en que el ajuste pierde fuerza si el gasto crece más rápido que los ingresos estructurales.
Uno de los puntos críticos identificados es el costo de la deuda pública. Según las apropiaciones vigentes y el proyecto de presupuesto, en 2026 los pagos de intereses equivaldrían al 256 % de las amortizaciones, un máximo histórico. La situación obedece tanto a mayores tasas como a la decisión de diferir $21,9 billones en obligaciones, medida que alivió temporalmente la liquidez pero trasladó presiones hacia los próximos años. “Diferir pagos da oxígeno transitorio, pero encarece el perfil de vencimientos y reduce la flexibilidad presupuestal”, explicó Restrepo.
El exministro también advirtió sobre el peso de los subsidios energéticos, en particular al ACPM, cuyo costo entre 2023 y 2025 rondaría los $50 billones. A su juicio, sin un esquema gradual de salida acompañado de compensaciones focalizadas para transporte y alimentos, la carga seguirá presionando el déficit y la deuda.
Restrepo sostuvo que, tras tres años de relativa corrección post-pandemia, la trayectoria fiscal volvió a deteriorarse en 2024 y 2025. En su análisis, el bajo crecimiento económico y la desconfianza empresarial limitan el recaudo, mientras el presupuesto de funcionamiento gana terreno sobre la inversión pública.
En ese contexto, el exministro insistió en la necesidad de un plan de consolidación creíble, que combine contención del gasto corriente, retiro progresivo de subsidios, reactivación de la inversión privada y una ruta explícita hacia un resultado primario sostenible. “El debate ya no es si habrá ajuste, sino cómo y cuándo ejecutarlo sin sacrificar el crecimiento”, concluyó.
Con este panorama, el Gobierno enfrenta el reto de tramitar el PGN 2026 en medio de una coyuntura fiscal compleja, donde las decisiones sobre gasto, deuda y subsidios definirán la estabilidad económica en los próximos años.