El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó ante la Corte Constitucional sus argumentos en contra de la Ley 2294 de 2023, que contempla la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). Según el mandatario, la implementación de esta figura limita la autonomía de los municipios al imponer restricciones sobre el manejo y uso del suelo.
Durante su intervención ante los magistrados, Rendón sostuvo que la norma es innecesaria para el caso antioqueño, recordando que el departamento, sin necesidad de esta reglamentación, aporta el 12,9 % del PIB agropecuario nacional. “Antioquia ya es un referente en la producción de alimentos y en el desarrollo de su sector rural. Este tipo de medidas, lejos de fortalecer la productividad, podrían frenar el dinamismo económico de nuestras regiones”, señaló.
El gobernador advirtió que la aplicación de las Appa en zonas como el Suroeste antioqueño —una región clave en la producción agrícola, pero también en la minería, el turismo y otros sectores— podría afectar la competitividad y generar tensiones con las autoridades locales. “No se puede desconocer que en el Suroeste coexisten diversas actividades económicas que sostienen a miles de familias. Imponer una regulación de este tipo sin concertación territorial es un error”, enfatizó.
Rendón recordó que el Suroeste es la tercera zona productora de alimentos de Antioquia, después de Urabá y el Oriente, y que cualquier decisión que limite el desarrollo de estas actividades debe ser analizada con criterios técnicos y autonomía local.
La Gobernación de Antioquia argumentó que la Ley 2294 vulnera varios artículos de la Constitución Política —entre ellos el 1, 287, 311 y 313.7—, que garantizan la autonomía y autodeterminación de las entidades territoriales.
En la audiencia pública convocada por la Corte, también se escucharon posiciones a favor y en contra de la norma. Sin embargo, Rendón insistió en que las decisiones sobre el uso del suelo deben ser concertadas con los municipios y las comunidades, y no impuestas desde el nivel central.