El Centro Democrático lanzó una fuerte advertencia al presidente Gustavo Petro, acusándolo de poner en riesgo la vida de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, luego de que el mandatario la señalara en redes sociales de haber sido “cómplice” en los 6.402 falsos positivos atribuidos a las Fuerzas Armadas durante gobiernos anteriores.
A través de un comunicado difundido en la red social X, el partido de oposición calificó las afirmaciones del presidente como “infundadas, estigmatizantes y peligrosas”, y advirtió que cualquier atentado o amenaza contra la congresista será responsabilidad directa del jefe de Estado.
“Las declaraciones del presidente Petro ponen en riesgo la integridad de una líder política. La estigmatización desde el poder alimenta la hostilidad y abre la puerta a posibles agresiones”, señaló el texto del comunicado.
La colectividad uribista pidió al mandatario cesar sus ataques personales y concentrarse en atender la crisis de seguridad que atraviesa el país, en medio de un aumento de los hechos de terrorismo y de los enfrentamientos entre estructuras criminales.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del Centro Democrático, también se pronunció y comparó la situación con episodios de violencia política ocurridos en el pasado. “Estos señalamientos incitan a bandidos a hacerle daño”, escribió en su cuenta de X, haciendo alusión al asesinato del dirigente Miguel Uribe.
Por su parte, Gabriel Vallejo Chujfi, director nacional del Centro Democrático, fue más contundente: calificó al presidente Petro de “canalla y cobarde”, asegurando que el mandatario busca deslegitimar a la oposición con acusaciones sin fundamento.
La controversia se produce en un contexto de tensión política y deterioro de la seguridad nacional. Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 los hechos de terrorismo han aumentado un 12 % respecto al mismo periodo del año anterior. Para la oposición, esto evidencia el fracaso de la política de “paz total” y el debilitamiento de las capacidades del Estado para garantizar protección a los ciudadanos y a los líderes políticos.
Desde el Gobierno Nacional aún no se ha emitido una respuesta institucional al comunicado del uribismo. No obstante, analistas advierten que este episodio profundiza la polarización entre el Ejecutivo y la oposición, al convertir los señalamientos en un debate sobre la responsabilidad del Estado en proteger a sus contradictores políticos.
La disputa refleja el clima de confrontación que vive Colombia en medio del repunte de la violencia y del creciente malestar ciudadano frente a la inseguridad. En este escenario, la protección de líderes opositores como Paloma Valencia se convierte en un asunto prioritario para las instituciones democráticas, que enfrentan el reto de garantizar que la diferencia política no se traduzca en riesgos contra la vida.