Los menores 6 y 8 años permanecen hospitalizados en el Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde reciben atención médica especializada y se recuperan de las lesiones provocadas por la detonación.
El Gobernador Andrés Julián Rendón visitó el centro asistencial para conocer de primera mano su estado de salud. Según el reporte médico, ambos niños se encuentran estables y fuera de peligro, aunque continúan en observación por la gravedad de las heridas que sufrieron en el momento del ataque.
El mandatario departamental agradeció al personal del hospital y al del centro de salud de San Andrés de Cuerquia, que brindó las primeras atenciones. Además, destacó la coordinación del Dagran, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, entidades que lograron evacuar a los menores en un operativo que tomó más de seis horas debido a las difíciles condiciones del terreno.
Rendón fue enfático al condenar lo sucedido y responsabilizó a las disidencias de las FARC de este acto que calificó como “un crimen atroz e imperdonable”.
“Esto no tiene perdón de Dios. Mientras la Fuerza Pública trabaja por recuperar la seguridad en esta zona, nosotros esperamos que la justicia, sea local o internacional, actúe. El mundo debe saber que estos criminales, que posan de insurgentes, no tienen ninguna consideración, ni siquiera con los niños”, afirmó.
El gobernador también anunció que llevará el caso ante la comunidad internacional para que no quede en la impunidad y reiteró su llamado al Gobierno Nacional a cambiar su política de negociación con los grupos armados.
“Nosotros solo esperamos que el nuevo Gobierno Nacional, el año entrante, arrincone a los criminales, vigorice a la Fuerza Pública, asperje y rompa los diálogos con estos grupos terroristas que nos generan situaciones tan dolorosas y graves como esta”, señaló.
La Gobernación de Antioquia asumirá la atención psicosocial de la familia de los menores, quienes viven en una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos ilegales en el norte del departamento.
El hecho ha generado rechazo en toda la región y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad en las zonas rurales, donde la población civil —y en este caso, dos niños— sigue siendo víctima del accionar de grupos armados que operan al margen de la ley.