La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó una fuerte preocupación por la decisión del presidente Gustavo Petro de promover una “misión internacional” para revisar un procedimiento institucional en Medellín, calificándola como improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano.
La reacción se dio luego de que el mandatario anunciara públicamente que enviará una veeduría de Derechos Humanos internacional a Medellín para verificar unos hechos recientes: “La misión internacional y la veeduría de Derechos Humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. Su lenguaje grosero con la Presidencia no me importa. En Medellín se aplica la ley y la Constitución”.
Frente a esa declaración, Asocapitales que agrupa a los alcaldes de las principales ciudades del país, señaló que no es procedente que el presidente someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales. “Esta intención desconoce la autonomía territorial consagrada en la Constitución y los principios de descentralización y separación de poderes que estructuran el Estado colombiano”, advirtió la entidad.
Desde el punto de vista del derecho internacional, la Asociación recordó que una veeduría o misión extranjera de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948.
Estos instrumentos explicó la organización solo permiten intervenciones externas en casos excepcionales de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, lo cual no se configura en el caso de Medellín.
Asocapitales también citó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce el deber de los Estados de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, siempre dentro del uso racional y legal de la fuerza.
En ese sentido, la asociación consideró que internacionalizar un procedimiento institucional local distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos y representa una injerencia política indebida en la autonomía municipal.
“Esta decisión no solo erosiona la institucionalidad democrática, sino que también debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”, afirmó Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.
La organización concluyó que, si llegara a presentarse alguna actuación irregular, esta debe ser evaluada exclusivamente por las autoridades colombianas competentes, sin trasladar una posible falta individual a toda la institucionalidad local. Asocapitales reiteró su llamado al respeto por la autonomía territorial y la descentralización, pilares esenciales del sistema político colombiano:
“Las ciudades capitales deben poder ejercer sus funciones de gobierno y de policía dentro del marco de la ley, sin interferencias indebidas del poder central”.