La Fiscalía General de la Nación desmintió oficialmente al presidente Gustavo Petro y confirmó que el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño —quien lideró la investigación contra su hijo Nicolás Petro— no tiene investigaciones abiertas por delitos relacionados con el narcotráfico.
El pronunciamiento fue entregado al Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá y se convirtió en pieza clave dentro del fallo de tutela que ordenó al mandatario rectificar sus acusaciones públicas contra el funcionario.
“De acuerdo con la verificación, se informa que estas noticias criminales corresponden a delitos distintos a los relacionados con narcotráfico o estructuras delictivas vinculadas a dicho fenómeno. Situación que adicionalmente se constató y confirmó con los despachos fiscales a cargo de los mismos”,
señala el oficio firmado por Zeneida de López Cuadrado, coordinadora de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.
El documento, fechado el 20 de agosto de 2025 y conocido por La W Radio, contradice de manera directa las afirmaciones del presidente Petro, quien había asegurado públicamente que Burgos tenía nexos con estructuras criminales.
Según la información remitida por la Fiscalía, el fiscal Burgos solo figura en tres procesos activos por prevaricato por acción, prevaricato por omisión y fraude procesal, todos interpuestos por la defensa de Nicolás Petro.
El informe aclara que ninguno de esos casos guarda relación con actividades de narcotráfico ni con organizaciones delictivas.
La entidad también certificó que, tras revisar el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), no se hallaron registros que vinculen a Burgos con investigaciones de ese tipo. Además, se anexaron certificaciones de los despachos competentes confirmando la inexistencia de tales procesos.
Otro documento complementario ratifica que en la investigación por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, también dirigida por Burgos, no aparece el nombre del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
“Dentro de la investigación adelantada por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, no figura el señor Sebastián Marset, ni se ha adoptado decisión de fondo alguna respecto de él”, indica el texto citado por el medio radial.
El informe de la Fiscalía sirvió como sustento para la decisión judicial que obligó al presidente a rectificar sus declaraciones. El tribunal consideró que los señalamientos del mandatario vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre y la honra del fiscal.
“Prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor fiscal Burgos, ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia”,
señala la sentencia, que fue confirmada en segunda instancia.
Petro publicó su rectificación en redes sociales durante la madrugada, aunque acompañó el mensaje con comentarios sobre una supuesta “tensión institucional” entre poderes públicos.
El mandatario escribió que existen decisiones judiciales que lo “obligan a hablar” y otras que le “impiden dirigirse al país”, advirtiendo sobre un posible “riesgo de censura institucional”. En el mismo mensaje, reconoció que “el fiscal Mario Andrés Burgos Patiño tiene investigaciones, pero no tiene condenas ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.
Las tensiones entre el presidente y el fiscal Burgos surgieron desde que este último lideró el proceso penal contra Nicolás Petro, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Burgos fue quien encabezó la captura e imputación de cargos, durante la cual el hijo del mandatario admitió haber recibido dinero no reportado en la campaña presidencial de 2022.
Posteriormente, la defensa de Nicolás Petro pidió la remoción de Burgos, alegando un posible impedimento y denunciando supuestas filtraciones de información. A raíz de ello, la Comisión de Disciplina Judicial formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades procesales.
“El único enemigo que hoy tengo es el presidente y el hijo del Presidente”,
sosteniendo que su gestión se ha ajustado estrictamente a la ley.