En una decisión que marca un precedente en materia de política exterior y seguridad nacional, la Cámara de Representantes aprobó con 76 votos a favor y 21 en contra una proposición que exige al Gobierno del presidente Gustavo Petro reconocer oficialmente al cartel de los Soles como una amenaza transnacional. La iniciativa busca que el Ejecutivo declare a esta red, presuntamente encabezada por Nicolás Maduro, como una organización narcotraficante y terrorista.
El documento aprobado por el Congreso insta al Gobierno a coordinar acciones diplomáticas, jurídicas y de seguridad con aliados internacionales —entre ellos Estados Unidos e Israel— para enfrentar lo que los congresistas calificaron como “una estructura criminal con alcance global”.
“El cartel de los Soles no es un cartel de ficción o novelas; es un actor criminal transnacional que amenaza directamente la libertad, la paz y la tranquilidad de cada familia colombiana”, señala el texto avalado por la plenaria.
El subsecretario de la Cámara, Raúl Enrique Ávila Hernández, respaldó la decisión y afirmó que el Legislativo “reitera su rechazo categórico a cualquier acto criminal que atente contra la soberanía nacional y manifiesta su voluntad de acompañar al Gobierno y a la fuerza pública en todas las medidas necesarias para combatir a este cartel y a sus aliados en Colombia y en el exterior”.
Según los congresistas, la presencia del cartel de los Soles en la frontera colombo-venezolana ha intensificado los casos de violencia, extorsión, desplazamiento forzado y temor en las comunidades locales. Además, advirtieron que esta organización mantiene vínculos con el ELN y las disidencias de las Farc, lo que habría fortalecido su capacidad de acción en la región.
Entre las medidas propuestas, la Cámara subraya que la declaración del cartel como grupo terrorista y narcotraficante permitirá:
- Fortalecer la cooperación internacional para su persecución.
- Solicitar el respaldo de aliados estratégicos en seguridad y defensa.
- Reforzar la seguridad fronteriza mediante operaciones conjuntas de inteligencia y control migratorio.
- Proteger los derechos fundamentales de las comunidades afectadas.
El Legislativo reafirmó su respaldo a la fuerza pública y su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, enfatizando que esta decisión busca proteger la democracia frente a las amenazas del crimen organizado.
El debate en el Congreso colombiano coincidió con recientes declaraciones del exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, quien alertó ante el Comité de Narcóticos del Senado estadounidense sobre la convergencia entre organizaciones terroristas y redes criminales en América Latina, con el cartel de los Soles como eje articulador.
Billingslea afirmó que en Sudamérica operan cerca de 400 miembros de Hezbolá, con especial presencia en Venezuela, donde el régimen habría facilitado su llegada desde Líbano y otorgado más de 20.000 pasaportes venezolanos a ciudadanos procedentes de Líbano, Siria e Irán. Según el exfuncionario, esta estrategia ha permitido fortalecer “la infraestructura de apoyo a actividades ilícitas en la región”.
“El régimen venezolano, el narcotráfico y Hezbolá han creado un corredor de riesgo que amenaza a toda la región”, aseguró Billingslea, subrayando los vínculos directos entre la red libanesa y el cartel de los Soles, así como su colaboración con estructuras criminales colombianas.
La postura del Congreso colombiano se suma a la creciente presión internacional sobre el régimen de Maduro, acusado por organismos judiciales de Estados Unidos de narcotráfico, lavado de dinero y cooperación con grupos armados ilegales. Mientras tanto, el Gobierno de Gustavo Petro aún no ha emitido una respuesta oficial frente a la solicitud aprobada en la Cámara de Representantes.