Han pasado 40 años desde que la historia de Colombia se detuvo frente a las pantallas. El 6 y 7 de noviembre de 1985, el país fue testigo, en vivo, de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, un hecho que dejó más de un centenar de muertos y decenas de desaparecidos, y que aún hoy divide la memoria nacional.
A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre, un comando del M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, con la intención de “juzgar” al presidente Belisario Betancur por incumplir los acuerdos de paz firmados un año antes. Los guerrilleros tomaron como rehenes a magistrados, funcionarios y visitantes.
El operativo, denominado “Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”, se transformó en una pesadilla nacional. En cuestión de minutos, tropas del Ejército y la Policía rodearon el edificio. Desde la Casa de Nariño, la orden fue clara: recuperar el control a cualquier costo.
Las transmisiones televisivas mostraban el caos: helicópteros sobrevolando el tejado, disparos cruzados y columnas de humo saliendo de las ventanas. La guerra, que por años se libró en las montañas, había llegado al corazón de la justicia colombiana.
El fuego consumió los archivos judiciales y la biblioteca, mientras los bomberos eran retenidos por las fuerzas militares. Cuando las llamas alcanzaron su punto máximo, el Gobierno ordenó interrumpir la transmisión y reemplazarla por un partido de fútbol.
La retoma culminó el 7 de noviembre. Lo que quedó fue un edificio en ruinas y una cifra de muertos que superó el centenar. Once magistrados de la Corte Suprema perdieron la vida y once personas fueron dadas por desaparecidas, aunque años después se identificaron los restos de seis.
Las investigaciones posteriores revelaron irregularidades graves: rehenes que fueron vistos salir con vida del Palacio aparecieron muertos en Medicina Legal, y varias familias recibieron cuerpos equivocados. En algunas tumbas se hallaron restos de hasta tres personas diferentes bajo una misma lápida.
Cuatro décadas después, las versiones oficiales siguen siendo objeto de disputa. El Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad han señalado responsabilidades del Estado, especialmente del Ejército, durante la retoma.
El caso del magistrado Carlos Horacio Urán, visto con vida tras salir del edificio y encontrado muerto horas después, simboliza esa impunidad. El historiador Julián Penagos recuerda que “los cuerpos fueron apilados junto a la estatua de Santander, contaminando la escena y borrando pruebas esenciales”. Incluso se perdió un informe clave de Medicina Legal sobre las causas de muerte de varios magistrados.
Un reporte reciente de la Comisión de la Verdad señala que Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema, habría muerto por disparos del Ejército, contradiciendo la versión oficial.
En su alocución tras la tragedia, el presidente Belisario Betancur declaró:
“El Gobierno es firme, pero tranquilo en su defensa de los principios y de las instituciones. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República”.
Sus palabras quedaron grabadas como parte del debate sobre la responsabilidad estatal en la tragedia.
Hoy, cuatro décadas después, las familias de las víctimas siguen reclamando justicia. La toma del Palacio de Justicia no solo destruyó un edificio: quebró la confianza del país en su propio Estado y dejó una herida que, 40 años después, sigue abierta entre la verdad, el dolor y el silencio.