Relator de la CIDH visitará Colombia en medio de denuncia por falta de transición justa en la Ley del Plástico

El Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, Javier Palummo Lantes, llegará a Colombia el próximo 25 de noviembre para participar en un seminario internacional sobre el impacto social y económico de la Ley 2232, que prohíbe los plásticos de un solo uso. El encuentro, organizado por la Cámara Ambiental del Plástico, se realizará en Bogotá y reunirá a expertos internacionales, representantes del sector productivo y autoridades nacionales.

La visita se produce en medio de la denuncia que la Cámara presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que advierte la ausencia de una transición justa en la implementación de la Ley 2232. Según el documento radicado el 19 de julio de 2024, la norma habría afectado los derechos laborales y económicos de miles de trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas del sector plástico, sin que el Gobierno implementara medidas de reconversión tecnológica o protección del empleo.

De acuerdo con el informe “Estatus de acciones internacionales”, elaborado por la firma SLG, el propio relator Palummo manifestó “empatía hacia el planteamiento” y resaltó que, aunque América Latina no es una de las principales regiones emisoras de gases de efecto invernadero, la transición hacia modelos productivos sostenibles debe considerar la fragilidad laboral y el impacto social en los países de la región. En esa línea, propuso abrir una audiencia pública y realizar un evento en Colombia, iniciativa que se materializará con el seminario del 25 de noviembre.

La Cámara Ambiental del Plástico advierte que la falta de una reglamentación que garantice condiciones reales de transición podría derivar en sanciones para el Estado colombiano si la CIDH determina que se vulneraron derechos protegidos por la Convención Americana. “Esperamos que no tengamos que llegar a eso”, señaló Andrés Botero, director ejecutivo del gremio. “Confiamos en que el Gobierno avance en una reglamentación equilibrada que permita proteger el ambiente sin sacrificar el trabajo de miles de familias”.