Comenzó en el Juzgado 10 Penal del Circuito de Medellín el juicio por presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad, uno de los primeros procesos judiciales contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero Calle. En el estrado están Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano.
La Fiscalía General de la Nación les imputa los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, por presuntamente direccionar un contrato superior a $5.000 millones hacia la empresa privada Reforestadora El Líbano, excluyendo al Jardín Botánico de Medellín, que históricamente ejecutaba esa labor como operador especializado.
El ente acusador sostiene que los exfuncionarios argumentaron supuestas dificultades financieras del Jardín Botánico durante la pandemia para justificar el traslado de recursos, cuando en realidad el propósito habría sido beneficiar a un contratista con vínculos políticos en Andes, Antioquia. De acuerdo con la denuncia de la Veeduría Todos por Medellín, la invitación privada de Metroparques a tres empresas fue irregular: las representantes o suplentes eran la esposa, la hija y la cuñada del fallecido empresario Asdrúbal Vélez, lo que habría configurado una competencia ficticia entre empresas con los mismos beneficiarios.
La Fiscalía añadió que la propuesta seleccionada no era la más económica ni la más técnica, y que el contrato anterior con el Jardín Botánico incluía componentes de ciencia, tecnología y educación ambiental dentro del programa Ecociudad.
El juicio también salpica al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano, mencionado en el polémico chat de “amiguitos” y quien aparece en fotografías con Miguel Andrés Quintero Calle en el apartamento de la SAE, escenario de otro escándalo por presuntos favores y reuniones con contratistas. Liévano enfrenta además dos procesos adicionales por irregularidades en contratos del INDER Medellín y en proyectos del Parque de las Aguas y el Área Metropolitana.
En las próximas audiencias se presentarán pruebas documentales, testimoniales y peritajes, mientras la Fiscalía busca demostrar que los exfuncionarios favorecieron indebidamente a un contratista vinculado a estructuras políticas locales durante el gobierno de Quintero.