El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, salió en firme defensa de las Fuerzas Militares luego de los recientes bombardeos de la Fuerza Aeroespacial contra estructuras de las disidencias de las FARC, operaciones que dejaron como saldo la muerte de adultos y menores reclutados por estos grupos al margen de la ley. Según el dirigente gremial, no se trata de una discusión nueva ni compleja: “La Constitución no solo lo autoriza, sino que lo ordena. Y punto”.
En su más reciente columna semanal, Lafaurie cuestionó lo que calificó como “discusiones bizantinas” creadas —según él— para deslegitimar a la Fuerza Pública y limitar la capacidad de reacción de los uniformados frente a organizaciones que han intensificado el reclutamiento de niños y adolescentes.
“El propósito es atar las manos de quienes tienen el deber de defendernos”, afirmó, en referencia a los sectores que han criticado la operación militar.
Lafaurie reaccionó especialmente a las declaraciones del procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, quien planteó dudas sobre la información con la que contaban las Fuerzas Militares al momento del operativo. Osuna preguntó:
“Si se sabía o si era posible saber, allí en el terreno, que había menores de edad reclutados… Si no se sabía, por qué no se sabía y si es que era inevitable saberlo… Si se sabía, qué previsiones se tomaron”.
Para el presidente de Fedegán, estas afirmaciones “parecen un juego bizantino de palabras, al estilo de los teólogos que se devanaban los sesos en Constantinopla adivinando el sexo de los ángeles”.
También arremetió contra la Defensoría del Pueblo, que sostuvo que la presencia de menores en campamentos con funciones de combate “no habilita la posibilidad de un ataque”. Lafaurie calificó esta postura de ambivalente, especialmente frente a la cifra revelada por la Procuraduría: más de 740 menores reclutados entre 2024 y lo corrido de 2025.
“¿A quién le exigen el respeto al DIH… acaso a ‘Mordisco’? ¡Qué cinismo!”, expresó, señalando a las ONG de derechos humanos por lo que considera una posición contradictoria entre condenar el reclutamiento pero rechazar las operaciones militares contra esos grupos.
En su análisis, Lafaurie recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe el reclutamiento de menores de 15 años, y que la Convención sobre los Derechos del Niño eleva la definición de niño hasta los 18. En Colombia, el Código Penal sanciona el reclutamiento de cualquier persona menor de esa edad.
“Las normas son claras”, subrayó, al señalar que los grupos armados ilegales no pueden utilizar a menores bajo ninguna circunstancia, mucho menos con fines bélicos.
El dirigente gremial evocó la Operación Berlín (2010-2011), en la que fueron abatidos decenas de menores reclutados por las FARC de Timochenko. En ese contexto citó un ensayo de la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien cuestionó que desde sectores de izquierda se haya abierto un juicio moral contra el Ejército, pero no contra quienes “utilizaron a menores como escudos humanos para evitar la acción legítima de la Fuerza Pública”.
Lafaurie insistió en que la discusión debe centrarse en el delito del reclutamiento y no en la legitimidad de las operaciones militares: “Pretenden hacer ver a la Fuerza Pública como victimaria cuando los verdaderos criminales son quienes arrebatan a los niños de sus hogares para convertirlos en combatientes”.
La columna completa de José Félix Lafaurie puede consultarse en Contexto Ganadero “Reclutamiento de menores: ¿discusión bizantina?”.