Una investigación de Noticias Caracol reveló uno de los capítulos más delicados de presunta infiltración de las disidencias de las Farc en instituciones del Estado durante el gobierno Petro. A pesar de la gravedad del material —que incluye correos, reportes internos y descripciones de reuniones con funcionarios de alto nivel— el proceso en cabeza de la fiscal en cabeza de Adriana Camargo sigue sin un solo avance procesal.
El escándalo comenzó el 23 de julio de 2024, cuando siete jefes de las disidencias fueron detenidos en un retén militar en Anorí, Antioquia. El convoy, custodiado por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), llevaba armas, dinero y un menor de edad, lo que configuraba una captura en flagrancia. Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la liberación de alias Calarcá, su compañera Erika, y los jefes Ramiro y Urías, al argumentar que eran “gestores de paz”.
Lo que se desconocía es que en ese operativo se incautó un centenar de dispositivos electrónicos, cuyos contenidos —revelados por Noticias Caracol— exponen contactos directos y permanentes entre insurgentes y funcionarios del Estado, además de planes operativos conjuntos.
En la comunicación, el general Huertas habría propuesto crear una empresa de seguridad fachada, un esquema similar al de las antiguas Convivir. También habría ofrecido gestionar permisos, armas, blindados, protección en retenes y movilidad sin controles, bajo la idea de montar la empresa “mitad y mitad”. El informe menciona incluso el uso de contactos en Presidencia para facilitar el paso de los insurgentes. Huertas, quien ya tenía vínculos previos con el presidente Petro, fue reintegrado al Ejército en agosto de 2024 y asumió el Comando de Personal, una de las áreas más sensibles de la institución.
Las comunicaciones también mencionan a Wilmer Mejía, un licenciado en educación física que, durante el gobierno Petro, asumió funciones clave en la reestructuración de la inteligencia del Estado. Según más de diez fuentes citadas por Noticias Caracol, Mejía influiría directamente en traslados, ascensos y retiros de oficiales.
Los correos lo vinculan con viajes a Venezuela junto al general Huertas para obtener información sobre la muerte de un insurgente y describen su posición privilegiada gracias a su cercanía con el presidente Petro. Las reacciones no se hicieron esperar el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la situación en su cuenta de X: “Si las Farc son un grupo terrorista dedicado al narcotráfico, ¿qué viene siendo un gobierno que los apoya? ¿Qué viene siendo quien lidera ese gobierno apoyado por los terroristas en campaña?
El gobernador Andrés Julián Rendón también reaccionó y recordó que desde el mismo día de la detención en Anorí advirtieron que la liberación rápida de alias Calarcá “era una señal de connivencia
Desde hace más de un año he denunciado la sospechosa benevolencia con la que el Gobierno Petro trata a las disidencias de Calarcá.Como si fuera poco, esa complicidad se refleja en que este grupo narcoterrorista ha crecido 70% en Antioquia y hoy es responsable de homicidios, desplazamientos y confinamientos. Mucho tendrán que responder los uniformados mencionados, así como Petro, su fiscal Camargo y el subdirector de la DNI, que además hace parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.”
Por su parte la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que radicará nueva denuncia ante la comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para procesar a Petro y a los miembros de su gobierno por esos pactos entre Calarcá, un general y un funcionario del DNI también cuestionó la falta de avances: “Desde hace más de un año demandé en nulidad la resolución que suspendió las órdenes de captura contra Calarcá y otros criminales. ¿Por qué no se mueve este proceso ante el Consejo de Estado?”
Pese a la gravedad de los hallazgos —planes de empresas fachada, contactos con militares, negociaciones ilegales y presunta penetración de las disidencias en inteligencia estatal— la Fiscalía no ha adelantado un solo acto procesal desde julio de 2024.
El país continúa esperando explicaciones mientras las revelaciones dejan al descubierto un nivel de infiltración sin precedentes en años.