La Sala de Segunda Instancia revocó la absolución que en 2024 había favorecido a Santiago Uribe Vélez y lo declaró penalmente responsable por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. El tribunal concluyó que los hechos constituyen delitos de lesa humanidad, de acuerdo con el Código Penal colombiano.
El fallo determinó que existían suficientes elementos probatorios para revertir la decisión del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, quien inicialmente había absuelto al hermano del expresidente. Con la nueva decisión, Santiago Uribe deberá cumplir una pena de 340 meses de prisión —más de 28 años—, pagar una multa equivalente a 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y afrontar una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.
La condena marca un capítulo judicial de alto impacto político, dada la relevancia pública de la familia Uribe y la gravedad de los delitos atribuidos.
Tras conocerse el fallo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó públicamente en su cuenta de X con un mensaje breve pero cargado de sentimiento: “Siento profundo dolor por la condena contra mi hermano. Dios nos ayude”.
La decisión judicial y la respuesta del exmandatario ya generan debates en el país sobre las consecuencias políticas, jurídicas y sociales del caso, uno de los más sensibles y de mayor atención nacional en los últimos años.