El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó este jueves 27 de noviembre de 2025 a la campaña Petro Presidente 2022 – 2026 por exceder los límites de gasto permitidos en primera y segunda vuelta, además de incurrir en irregularidades en la financiación. La decisión fue tomada en la Sala Plena en una sesión que duró menos de una hora y que contó con la presencia de dos conjueces.
La ponencia fue liderada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), quienes lograron una mayoría con apoyo del conjuez Majer Abushihab. También votaron a favor los magistrados Maritza Martínez (Partido de la U), Altus Baquero (Partido Liberal) y Alfonso Campos (Partido Conservador). En contra votó el conjuez Iván Acuña, mientras que Alba Lucía Velásquez (Pacto Histórico) se abstuvo por recusación, y Álvaro Echeverry (Colombia Justa Libres) se declaró impedido debido a vínculos laborales previos con la campaña del Pacto Histórico.
Según la resolución, la campaña de Gustavo Petro superó los topes de gasto en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones corresponden a gastos no reportados en primera vuelta y 1.600 millones a la segunda vuelta presidencial.
La investigación, que se extendió por más de un año, incluyó la recolección de pruebas y testimonios que evidenciaron omisiones y movimientos financieros no reportados. Entre ellos se destacan: El aporte del sindicato de maestros Fecode, la contratación de publicidad política en Caracol TV, los pagos a miles de testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica (UP).
El fallo del CNE también determinó que la campaña utilizó fuentes prohibidas de financiación, entre estas: Un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO), pagos a testigos electorales realizados por la empresa Ingenial Media SAS.
Las autoridades concluyeron que en la primera vuelta se realizó la remuneración de 30.256 testigos electorales vinculados a la campaña del Pacto Histórico.
La decisión marca un precedente importante en materia de control electoral y abre la puerta a eventuales procesos administrativos y sancionatorios adicionales, mientras sectores políticos piden claridad sobre las responsabilidades internas en la campaña presidencial de Gustavo Petro.