Por: Eliana Úsuga
La política democrática se sostiene sobre un principio elemental: el poder se ejerce para proteger a los ciudadanos, no para intimidar a las instituciones que los protegen.
La investigación revelada por Semana sobre la senadora Isabel Cristina Zuleta no es un asunto menor ni un simple ataque mediático, como algunos intentan reducirlo. Ocho generales, cinco activos y tres retirados, relatan presiones directas para frenar operativos contra disidencias de las Farc, minería ilegal y organizaciones criminales en Antioquia. No estamos hablando de diferencias de criterio sobre política de seguridad, sino de llamadas, mensajes y gestiones concretas para detener combates, advertir sobre procedimientos y cuestionar investigaciones en curso.
Según relata Semana, el episodio de Ituango, ocurrido el 17 de julio de 2023, resulta particularmente perturbador. En medio de un combate contra los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, la senadora —según múltiples oficiales— habría pedido detener la operación bajo el argumento de que se trataba de “mineros”. Mineros armados, uniformados y con menores de edad en sus filas.
Más grave aún es que no se trate de un hecho aislado. La investigación revela que asesores, familiares y personas que se presentaron como parte de su círculo cercano también habrían intervenido ante mandos militares y policiales. Un general lo dijo sin rodeos: “Estábamos doblegados porque estaba en juego la carrera de uno”.
La senadora Zuleta no solo habría cuestionado operativos exitosos contra la minería ilegal en Amalfi o la incautación de dragas, sino que —según los testimonios— reaccionó con indignación cuando las investigaciones vinculaban a las disidencias de las Farc. Todo esto sin contar con las irregularidades del tarimazo.
La opinión pública merece explicaciones claras, pruebas, respuestas de fondo. Una curul en el Congreso no convierte a nadie en intocable. Tampoco otorga patente para interferir en la labor de jueces, fiscales, soldados y policías. La representación popular exige un estándar ético más alto, no más bajo.
Isabel Zuleta no merece hoy ocupar una curul en el Congreso. No mientras estas denuncias no se esclarezcan plenamente. No mientras persista la sombra de la duda sobre su relación con operativos contra el crimen organizado. No mientras generales de la República afirmen haber sido presionados para favorecer, directa o indirectamente, a estructuras ilegales.
La paz no se construye debilitando al Estado ni silenciando a quienes lo defienden. Y la política, cuando pierde sus límites morales, deja de ser transformación para convertirse en amenaza.
¿La curul de Isabel Zuleta defiende a los delincuentes o a los colombianos? ¿Del lado de quién está Isabel Zuleta? Porque quien no está claramente del lado del país sino de la delincuencia, no merece una curul en el Congreso.