La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una alerta sobre el grave impacto económico y logístico que está generando la escalada de bloqueos, atentados y actos violentos en las vías concesionadas del país, hechos que, según el gremio, ya han provocado pérdidas cercanas a los $10 billones y están afectando de manera directa la competitividad nacional.
De acuerdo con el balance presentado por la CCI, entre 2023 y 2025 se han registrado más de 2.000 bloqueos en corredores concesionados, a lo que se suman ataques contra estaciones de peaje, asonadas, cobros ilegales a conductores y la destrucción de más de 40 máquinas utilizadas en proyectos viales. Esta situación ha elevado los costos operativos, generado retrasos en obras estratégicas y afectado el transporte de personas y mercancías.
El gremio advirtió que las consecuencias de estos hechos trascienden el sector de la infraestructura. La inestabilidad en corredores clave está debilitando la confianza, incrementando los riesgos operativos y complicando la toma de decisiones en materia de inversión, logística y desarrollo territorial, con efectos directos sobre el abastecimiento de bienes esenciales y la vida cotidiana de miles de comunidades.
Corredores estratégicos afectados
Según la CCI, los hechos violentos no se concentran en una sola región. En los últimos meses se han presentado incidentes en corredores como la Ruta del Sol III, tramos del Magdalena y la vía Popayán–Santander de Quilichao, lo que evidencia un patrón recurrente de afectación a la infraestructura vial y un aumento de los riesgos para usuarios y trabajadores del sector.
La Cámara recordó que la protección de las vías concesionadas no responde únicamente a un interés gremial, sino a una obligación constitucional del Estado, relacionada con la garantía de la seguridad, la libre movilidad y la protección de la inversión pública y privada.
Llamado a mayor presencia del Estado
En ese contexto, la CCI valoró la disposición de la Dirección de Seguridad Nacional del Ministerio de Defensa para fortalecer las condiciones de seguridad en los corredores viales. Sin embargo, insistió en la necesidad de reforzar la presencia del Ejército Nacional en puntos críticos, como parte de una estrategia integral que permita contener la violencia y recuperar el control territorial en las zonas más afectadas.
El presidente ejecutivo del gremio, Juan Martín Caicedo Ferrer, advirtió que la continuidad de los atentados y bloqueos, sin resultados judiciales visibles, está generando un preocupante efecto de normalización del delito. Según explicó, la falta de capturas, imputaciones o sentencias frente a hechos reiterados envía una señal de tolerancia institucional que termina incentivando nuevas agresiones contra la infraestructura y sus operadores.
“El problema no es solo la ocurrencia de los ataques, sino la ausencia de una respuesta penal eficaz que permita desarticular a los responsables y evitar que estos hechos se repitan”, señaló Caicedo Ferrer, quien subrayó que los pronunciamientos públicos de rechazo resultan insuficientes si no están acompañados de investigaciones oportunas, judicialización efectiva y resultados verificables.
La CCI concluyó que, sin una acción decidida del Estado para garantizar la seguridad en los corredores estratégicos, el país seguirá enfrentando pérdidas económicas, deterioro de la confianza y mayores obstáculos para el desarrollo y la integración territorial.