El paro armado decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) concluyó en la mañana de este miércoles 17 de diciembre, luego de 72 horas de acciones violentas que dejaron al menos cinco personas muertas, múltiples heridos, graves afectaciones a la movilidad y un clima generalizado de temor en distintas regiones de Colombia.
De acuerdo con balances preliminares de las autoridades, durante el paro se registraron cerca de 60 acciones terroristas, entre atentados con explosivos, bloqueos viales, ataques a la fuerza pública y restricciones al transporte. Los hechos se concentraron en al menos 20 departamentos, con especial impacto en Norte de Santander, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Chocó, Sucre y La Guajira.
Entre las víctimas mortales se encuentran dos policías, quienes perdieron la vida tras explosiones en el sur de Cali, así como un civil fallecido en Norte de Santander. Además, las autoridades investigan la muerte de dos jóvenes hallados sin vida en Cúcuta, cuyos casos estarían relacionados con la escalada violenta. En Santander, una funcionaria resultó herida durante un ataque al peaje de La Lizama, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y cerrar temporalmente la vía.
Norte de Santander, uno de los más golpeados
El departamento de Norte de Santander fue uno de los más afectados por las acciones del ELN. En municipios como Villa del Rosario, Cúcuta y Puerto Santander, se reportaron ataques armados, homicidios en investigación y la muerte de un conductor de ambulancia, quien quedó atrapado en medio de un atentado contra una subestación de Policía.
También se presentaron bloqueos y hallazgos de artefactos explosivos en los corredores entre Cúcuta y Pamplona, así como severas restricciones al transporte público en la ruta Cúcuta–Ocaña–Aguachica, afectando el abastecimiento y la movilidad de miles de personas.
Ataques en varias regiones del país
En el Valle del Cauca, Cali vivió momentos de pánico tras la detonación de explosivos cerca de un CAI policial y una patrulla, hechos que causaron la muerte de dos uniformados y obligaron al cierre de sectores mientras se descartaban nuevos riesgos.
En Antioquia, se reportó la quema de un bus en jurisdicción de Valdivia y la detonación de un artefacto explosivo en Copacabana. En Arauca, el ELN atacó con tatucos bomba un batallón del Ejército en Puerto Jordán, causando daños materiales. Las Fuerzas Militares recordaron que esta unidad ya había sido atacada en al menos dos ocasiones durante el último año.
A estos hechos se sumaron acciones de control simbólico del territorio, como grafitis, banderas y cilindros explosivos instalados en vías de Arauca, Antioquia y Cauca. En este último departamento, un cilindro con insignias del grupo armado obligó al cierre temporal de la vía Panamericana. En Chocó, la presión del ELN llevó a la suspensión total del transporte fluvial y terrestre.
Diálogos de paz, en punto muerto
La nueva escalada de violencia ocurre en medio del estancamiento de las negociaciones de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, suspendidas desde enero tras los graves hechos ocurridos en Catatumbo y los enfrentamientos con el Frente 33 de las disidencias.
La jefa del equipo negociador del Gobierno, Vera Grabe, expresó su preocupación por el impacto del paro armado sobre la población civil y cuestionó el mensaje que envía este tipo de acciones en el contexto de un eventual diálogo. “La mayor preocupación es por la vida de la gente que vive en los territorios y se ve afectada por un paro armado”, afirmó, calificando como “paradójico” que se pretenda hablar de paz en medio de este tipo de hechos.
Grabe reiteró que el Gobierno mantiene su rechazo a los paros armados y sostuvo que cualquier proceso de diálogo debe partir del respeto a las comunidades. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro continúa con las conversaciones suspendidas, en un escenario que organismos humanitarios han descrito como una de las crisis de seguridad más graves de las últimas dos décadas.
Aunque el paro armado llegó oficialmente a su fin, las autoridades mantienen operativos de verificación, control y protección de la población civil ante el riesgo de nuevos ataques o la presencia de artefactos explosivos en diferentes regiones del país.
Fuente: Infobae