El ataque armado contra la estación de Policía de Buenos Aires, Cauca, que dejó dos uniformados muertos tras más de diez horas de hostigamiento, desató fuertes cuestionamientos sobre la capacidad de reacción del Estado en zonas de alto riesgo. A la par de las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación, el gobernador de Antioquia lanzó un contundente pronunciamiento en el que señaló fallas graves en la respuesta institucional y exigió determinación al Gobierno nacional.
El mandatario regional calificó los hechos como un regreso a las escenas más dolorosas del conflicto armado. “Diez horas de ataque. Las nuevas generaciones desconocen que esto era lo habitual hace 20 años: repetimos nuevamente escenas de dolor y zozobra en civiles y uniformados dejados a su suerte”, expresó, al advertir que el país está reviviendo dinámicas que se creían superadas.
El ataque, atribuido a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, cobró la vida de los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Róber Stiven Melo Londoño, quienes resistieron la ofensiva en condiciones precarias, mientras la población civil permanecía confinada y expuesta al fuego cruzado.
En su mensaje, el gobernador puso en duda la falta de refuerzos oportunos, subrayando que la zona cuenta con una fuerte presencia militar en ciudades cercanas. “Sin excusas: en Cali operan la Base Aérea Marco Fidel Suárez de la FAC y la Tercera Brigada del Ejército. En Popayán tiene sede la Tercera División del Ejército y la Brigada 29”, afirmó, cuestionando por qué no se activaron de manera eficaz los mecanismos de apoyo.
El pronunciamiento elevó la presión sobre el Gobierno nacional y, en particular, sobre el presidente Gustavo Petro, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Militares. “Determinación, presencia y firmeza es lo que esperan nuestros Soldados y Policías de quien ostenta ese cargo”, señaló el gobernador, en un mensaje directo al Ejecutivo.
En medio de la controversia, la Fiscalía anunció la apertura de investigaciones para esclarecer por qué no se brindó el apoyo requerido durante un ataque de tal magnitud y duración, así como para establecer posibles responsabilidades en los protocolos de reacción de la Fuerza Pública en zonas catalogadas como de alto riesgo.
Las autoridades también esperan informes detallados de los mandos policiales y militares sobre las decisiones adoptadas durante la asonada y las razones de la demora o ausencia de refuerzos, un aspecto que ha generado indignación tanto en sectores políticos como en la ciudadanía.
El gobernador de Antioquia expresó su solidaridad con los habitantes de Buenos Aires y con los uniformados que enfrentaron el ataque. “Nuestro abrazo solidario a los habitantes de Buenos Aires, Cauca, a sus autoridades y a los valerosos Policías que resistieron el ataque”, manifestó.
El hecho se suma a una serie de acciones violentas recientes en el suroccidente del país, donde también se han registrado atentados en Suárez, Santander de Quilichao y Cali, en un contexto de deterioro de la seguridad y fortalecimiento de grupos armados ilegales.
Mientras avanzan las investigaciones, crece la preocupación por la protección de la población civil y de la Fuerza Pública, especialmente de cara a un año electoral, en el que distintos sectores advierten que la falta de control territorial y de respuestas contundentes podría agravar aún más la crisis de orden público en el país.