La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió este viernes su Primera Sentencia Adversarial Transicional, una decisión que ha reavivado el debate nacional sobre los alcances, la proporcionalidad y la legitimidad de la justicia transicional en Colombia. El fallo condena al coronel en retiro Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante del Batallón La Popa, por su presunta responsabilidad en la muerte de 72 personas en el norte del Cesar y el sur de La Guajira entre 2002 y 2003.
Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP, los hechos ocurrieron en el marco del conflicto armado y, al no haber aceptado responsabilidad ni aportado verdad, el oficial debía ser sometido a una sanción penal. De acuerdo con versiones conocidas públicamente, la condena impuesta sería de 20 años de prisión, por casos catalogados como falsos positivos.
La decisión generó una fuerte reacción política y ciudadana. Una de las voces más críticas fue la de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal Molina, quien rechazó duramente la sentencia y cuestionó el enfoque de la justicia transicional. A través de su cuenta de X, la congresista escribió: “La infamia contra el Coronel Hernán Mejía es inaceptable. Mientras los terroristas gozan impunidad, hoy la JEP persigue y condena a un héroe que los combatió y les dio de baja. ¡Qué indignación!”
Para Cabal, el proceso representa una criminalización de miembros de la Fuerza Pública que combatieron a organizaciones armadas ilegales en uno de los periodos más violentos del país. En otro mensaje, la senadora sostuvo que el coronel Mejía “es inocente y un héroe”, y que su único “pecado” fue enfrentar y derrotar al terrorismo.
Defensores del oficial retirado señalan que las operaciones del Batallón La Popa estaban orientadas a neutralizar estructuras de narcoterrorismo que azotaban a comunidades del Caribe colombiano, y aseguran que el coronel actuó bajo órdenes legítimas, en un contexto de guerra irregular en el que los grupos armados ilegales utilizaban a la población civil como escudo.
La polémica se intensificó luego de que Blu Radio informara en su cuenta de X sobre la condena, lo que desató múltiples reacciones. Un usuario identificado como Agustín Agualongo cuestionó: “¿No entendí. El Ejército a la cárcel y la guerrilla al Congreso? La guerrilla con más de 18 mil casos contra los niños, miles de secuestros y miles de asesinatos. Que alguien me explique esa justicia, por favor”.
Este tipo de reacciones reflejan una inconformidad creciente en sectores de la opinión pública que consideran que existe una asimetría en el tratamiento judicial, donde antiguos comandantes guerrilleros han accedido a beneficios jurídicos y participación política, mientras agentes del Estado enfrentan condenas severas.
Analistas advierten que la sentencia contra el coronel Mejía podría sentar un precedente que desincentive la actuación firme de las Fuerzas Militares en escenarios de alta amenaza, por temor a ser procesados décadas después sin una valoración completa del contexto operacional.
Entre tanto, la JEP ha reiterado que su mandato es garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición. Sin embargo, para críticos como la senadora Cabal, el caso va más allá de un proceso judicial: pone en juego el reconocimiento del sacrificio de quienes, desde las Fuerzas Armadas, enfrentaron a los grupos terroristas cuando el Estado estaba bajo asedio.