El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, se prepara para declarar una emergencia económica con el fin de enfrentar un déficit presupuestal estimado en $16 billones, luego de que el Congreso de la República no aprobara la ley de financiamiento que debía garantizar los recursos para el funcionamiento del Estado en 2026.
El anuncio fue realizado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien explicó que el Ejecutivo recurrirá a este mecanismo excepcional para expedir decretos con fuerza de ley que permitan implementar medidas tributarias orientadas a compensar los ingresos faltantes. Según indicó, el decreto que formalizará la declaratoria podría ser expedido el viernes 19 de diciembre de 2025, mientras que las normas reglamentarias se conocerían en los días posteriores.
La decisión se da en medio de un escenario de alta presión sobre las finanzas públicas, marcado por mayores compromisos de gasto, un presupuesto desfinanciado y la imposibilidad de tramitar nuevos impuestos por la vía ordinaria tras el revés legislativo en el Congreso de la República.
Durante la más reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República, el ministro Ávila señaló que el Gobierno buscará “a través de la emergencia económica y los decretos reglamentarios, tomar las medidas tributarias necesarias para compensar esos dineros faltantes”. En el mismo encuentro, la autoridad monetaria decidió mantener sin cambios la tasa de interés, enviando una señal de estabilidad a los mercados financieros frente a la incertidumbre fiscal.
La figura de la emergencia económica, contemplada en la Constitución, permite al Gobierno adoptar medidas extraordinarias en situaciones excepcionales que alteren gravemente el orden económico del país. En este caso, la administración Petro argumenta que la falta de recursos y el riesgo para la estabilidad fiscal hacen necesaria su activación, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Estado y evitar un mayor deterioro de las cuentas públicas.
Con la expedición del decreto, el país entraría en una nueva etapa de manejo económico excepcional, en la que el Ejecutivo concentrará un mayor margen de maniobra para definir la política tributaria de corto plazo, mientras se mantiene la expectativa sobre el alcance real de las medidas y su impacto en ciudadanos, empresas y mercados.