Por: Julián Ceballos
No es una inocentada. Tampoco una exageración de fin de año. Es una realidad política, social y territorial que Colombia viene padeciendo desde hace más de tres años.
Mientras el país se distrae entre discursos, cortinas de humo y promesas que no aterrizan, estructuras criminales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo ampliaron su aparato militar, consolidaron corredores estratégicos y fortalecieron su control territorial. No es percepción: es lo que denuncian las comunidades, lo que confirman los desplazamientos, lo que gritan las cifras de masacres, extorsión y reclutamiento.
En ese contexto llegó Gustavo Petro a la Presidencia: un aliado funcional para esos intereses, no necesariamente por acción directa, sino por una visión ideológica que ha debilitado la institucionalidad, relativizado la autoridad del Estado y confundido la paz con la concesión permanente. Un gobierno que parece más cómodo justificando al victimario que protegiendo al ciudadano.
La llamada “paz total” terminó siendo una estrategia de expansión armada, donde los grupos ilegales ganan tiempo, territorio y legitimidad política, mientras la Fuerza Pública es maniatada y el país rural queda a la deriva. Catatumbo no es un mito: se perfila como un centro de distensión de facto, clave para el corredor de droga entre Colombia y Venezuela. Y eso tampoco es una inocentada.
Nos dicen que exageramos. Pero duelen los desplazamientos. Duelen las masacres en el Chocó y el Valle del Cauca. Duelen las desapariciones. Duele el miedo cotidiano en los barrios más vulnerables.
¿Y al Presidente, qué le duele? Porque mientras el país sangra, el gobierno juega con la estabilidad económica: pone en riesgo las pensiones, asfixia a los empresarios, debilita la confianza inversionista y permite que la delincuencia crezca donde el Estado se retira. Todo bajo un relato épico que no resiste el contraste con la realidad.
No es una inocentada decir que la democracia está en riesgo cuando se erosionan las instituciones, se polariza al país y se gobierna desde el resentimiento ideológico. No es una inocentada advertir que los crímenes de lesa humanidad que hoy destruyen a Venezuela no pueden, ni deben, cruzar la frontera.
Colombia no puede volver a ser un campo de batalla. No podemos permitir que estudiantes y policías se enfrenten mientras otros lucran con el caos. No podemos seguir permitiendo que madres sigan esperando a sus hijos… o llorándolos.
Este no es un llamado al odio. Es un llamado a la responsabilidad histórica.
Cerrar el año exige claridad, carácter y unión. Defender la democracia no es un capricho ideológico: es preservar la libertad, el derecho a vivir sin miedo y la obligación moral de decir las cosas por su nombre.
No es una inocentada. Es una realidad. Y todavía estamos a tiempo de detenerla.