La Defensoría del Pueblo cerró 2025 con una alerta que trascendió lo administrativo y llegó al debate político: la falta de recursos para pagar los honorarios de miles de contratistas, incluidos más de 4.200 defensores y defensoras públicas. La entidad señaló directamente al Ministerio de Hacienda por un bloqueo presupuestal que impidió realizar los giros en diciembre, pese a que los contratos ya estaban ejecutados.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, explicó que la situación se presenta en un contexto de alta demanda de servicios y una carga procesal creciente en varias regiones del país. Según indicó, la entidad agotó las gestiones administrativas y elevó múltiples solicitudes ante Hacienda, sin lograr que se liberaran los recursos antes de finalizar el año.
“Lamento que no haya sido posible hacer el pago antes de Navidad como lo esperábamos. Agotamos todas las posibilidades para lograr que MinHacienda pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos nuestros contratistas”, afirmó Marín en un mensaje divulgado en redes sociales.
La funcionaria advirtió que el impacto va más allá de un retraso en pagos y golpea directamente a la Defensa Pública, uno de los servicios más sensibles de la Defensoría. Este componente garantiza la representación judicial de personas que no pueden pagar un abogado y, según Marín, ya opera con una sobrecarga crítica. “Cada defensor y defensora pública lleva más procesos de los que es razonable”, señaló.
El conflicto también abrió un debate de fondo sobre la autonomía constitucional de la entidad. De acuerdo con la defensora, el presupuesto incluido en el proyecto presentado por el Gobierno fue fijado por el Ministerio de Hacienda muy por debajo de lo solicitado y de lo asignado para 2025. Durante el trámite en el Congreso, añadió, varios legisladores afirmaron no poder respaldar un aumento sin el aval de Hacienda, aval que nunca llegó.
El punto más crítico se conoció en diciembre, cuando la Defensoría fue notificada de que no habría recursos para pagar a más de 5.160 contratistas y defensores públicos, a pesar de que los valores estaban apropiados y comprometidos. “¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, cuestionó Marín.
Por ahora, la entidad insiste ante las autoridades económicas para destrabar el giro “lo antes posible” y evitar mayores afectaciones a los usuarios y a los equipos técnicos. El episodio deja en evidencia la tensión entre la política de financiamiento del Ejecutivo y el funcionamiento de una institución clave para garantizar derechos y vigilar al propio Estado, cuando el impacto inmediato lo asumen quienes defienden a los más vulnerables en los estrados judiciales.