El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la representante Lina Garrido y los senadores Jota Pe Hernández y María Fernanda Cabal, por presuntamente incentivar una intervención militar extranjera en Colombia a través de publicaciones en redes sociales.
Según explicó Idárraga, la denuncia fue radicada ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal por el presunto delito de menoscabo de la integridad nacional, contemplado en el artículo 455 del Código Penal. “Denuncia radicada y sin titubeos”, señaló el funcionario en su cuenta de X, al sostener que los pronunciamientos de los congresistas constituyen un acto de hostilidad y no guardan relación con el ejercicio de la función legislativa.
Para el ministro, la autodeterminación nacional no es negociable y la investidura congresional “no es una licencia para legitimar injerencias externas”. En la denuncia se afirma que los mensajes de los parlamentarios contravendrían su obligación constitucional de defender la soberanía, al incluir exhortaciones que —según el documento— podrían interpretarse como llamados a invasiones o a acciones militares extranjeras en territorio colombiano.
El escrito también sostiene que este tipo de manifestaciones trascienden la opinión política y podrían configurar un incentivo a hostilidades contra la patria, al promover escenarios que debilitarían la soberanía, fracturarían la unidad nacional o someterían al país a un dominio extranjero.
Idárraga señaló que las normas penales invocadas buscan proteger la existencia misma de la nación, y que figuras como la instigación a la guerra sancionan el llamado a acciones hostiles o invasiones externas. Asimismo, advirtió que algunos mensajes, sumados a expresiones que sugieren que al jefe de Estado colombiano “también le llegará su hora” tras la captura de un mandatario extranjero, se apartarían del derecho a la libre expresión.
En la denuncia se recalca que proponer la instalación de bases extranjeras o avalar intervenciones militares externas erosiona la integridad del poder público y supone un abandono del deber de garantizar la seguridad y autonomía de los ciudadanos.