El Gobierno de Gustavo Petro puso en marcha el mayor programa de endeudamiento interno jamás registrado en Colombia, una decisión que ha encendido las alarmas en los mercados, entre economistas y en sectores políticos, ante el riesgo de que las finanzas públicas queden seriamente comprometidas por décadas.
El Ministerio de Hacienda autorizó emisiones de deuda local por hasta $152 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026, que asciende a $546,9 billones, una cifra sin precedentes. Aunque las subastas iniciales han mostrado alta demanda, expertos advierten que el volumen del endeudamiento podría agravar el déficit fiscal, desplazar la inversión privada y reducir de forma drástica el margen de maniobra del próximo gobierno.
La estrategia incluye la emisión de Títulos de Tesorería (TES), Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) y bonos indexados a la UVR. El plan arrancó con una subasta de TCO por $250.000 millones, en la que se recibieron ofertas por $752.000 millones, más de tres veces el monto adjudicado, con una tasa de corte del 11,490 % para papeles con vencimiento en diciembre de 2026. Paralelamente, el Gobierno colocó TES en UVR por $450.000 millones, con vencimientos entre 2031 y 2062, activando una sobreadjudicación adicional por $150.000 millones, ante la fuerte demanda del mercado.
No obstante, analistas advierten que el aparente éxito de las subastas no oculta el problema de fondo. El Decreto 1478 de 2025 autoriza la emisión de TES Clase B por $85,25 billones para cubrir gastos del presupuesto de 2026, a lo que se suman otros $67 billones para operaciones temporales de tesorería, llevando el cupo de endeudamiento al límite histórico permitido.
Críticos del plan señalan que este nivel de deuda se suma a un déficit fiscal que ya supera el 6,5 % del PIB, dejando al próximo gobierno con un margen de acción mínimo. El exministro y exsenador David Luna calificó la decisión como una “hipoteca generacional” y aseguró que esos recursos podrían destinarse a inversión social estructural, como vivienda, en lugar de recurrir a endeudamiento de largo plazo. “Las consecuencias las pagarán nuestros hijos y nietos”, advirtió.
En la misma línea, el docente Juan Martín Bravo cuestionó que el endeudamiento no esté orientado a inversión productiva, sino a cubrir gasto corriente y burocracia. “Se está comprometiendo el futuro del país para hacer política en el presente”, señaló.
Aún más duro fue el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien calificó la medida como “absolutamente absurda” y alertó sobre un posible desplazamiento del crédito privado, lo que podría encarecer el financiamiento para empresas y hogares, afectando la inversión, el empleo y el crecimiento económico.
La decisión deja en evidencia una apuesta fiscal de alto riesgo que, según sus críticos, podría convertirse en una pesada carga para las próximas generaciones y en uno de los legados más controvertidos del actual Gobierno.