El gobernador de Antioquia, Andrés Julián, advirtió sobre el fuerte impacto fiscal que tendrán para el departamento las recientes medidas económicas decretadas por el Gobierno Nacional, entre ellas la declaratoria de emergencia económica y el aumento del salario mínimo. Según el mandatario, estas decisiones representarían un impacto cercano a los 1,5 billones de pesos para las finanzas departamentales.
“A pesar de las dificultades que imponen estas decisiones del Gobierno Nacional, aquí seguiremos trabajando sin queja, exponiendo la realidad y acumulando resultados en favor de los antioqueños”, afirmó el gobernador, al tiempo que cuestionó el aumento del centralismo. “Las decisiones de Petro agudizan el centralismo que tanto daño nos ha hecho”, señaló.
Uno de los mayores impactos proviene del incremento del salario mínimo, que —de acuerdo con el gobernador— fue cercano a cinco veces la inflación causada. Solo por este concepto, la Gobernación de Antioquia deberá asumir 770 mil millones de pesos adicionales en sobrecostos de obras de infraestructura, vivienda, gastos de funcionamiento y servicio de la deuda.
Entre los proyectos afectados se encuentran la Nueva Vía al Mar Gonzalo Mejía Trujillo, las obras de estabilización de vías y los proyectos ejecutados con recursos de regalías, cuyos contratos podrían ver reducido su alcance. Asimismo, se prevé una disminución en las soluciones de vivienda desarrolladas por VIVA, lo que impactaría a cerca de 12 mil familias antioqueñas.
“El Gobierno de Petro borró de un plumazo el esfuerzo que veníamos haciendo para reducir el gasto burocrático improductivo”, aseguró Andrés Julián.
El gobernador también alertó sobre las afectaciones a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Según explicó, el decreto de emergencia económica obligaría a la empresa a transferir 720 mil millones de pesos al Gobierno Nacional durante este año.
“Petro puso a la FLA, la licorera más grande del país, a trabajar para su empleo militante. El Gobierno Nacional cuadró caja por cuenta de las regiones y ahora nos pasa la factura de su estatismo y su ánimo electorero”, sostuvo el mandatario.
A esta situación se suma la preocupación por el posible aumento del contrabando de licores, derivado del alza en los precios. “La carga impositiva termina cediendo espacios económicos a la criminalidad”, advirtió.
Por su parte, el gerente de la FLA, Esteban Ramos Maya, explicó que aunque inicialmente se proyectaba un incremento del 5,5 % en los precios para 2026, las nuevas medidas podrían generar alzas de entre 44 % y 47 %. En consecuencia, una botella de aguardiente antioqueño de 750 ml pasaría de 40 mil a 60 mil pesos, lo que podría reducir las ventas de la empresa en cerca del 40 %.
Finalmente, Andrés Julián informó que esta semana participará en una Cumbre extraordinaria de Gobernadores, en la que se definirán acciones judiciales conjuntas frente a las medidas que, según señaló, afectan gravemente las finanzas de los entes territoriales.