La representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao Clavijo, denunció la existencia de un presunto “cartel de diplomas irregulares” que involucraría a la Fundación Universitaria San José y a varias entidades del Gobierno nacional durante la administración del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con la congresista, al menos 24 personas habrían obtenido títulos profesionales con aparentes irregularidades y posteriormente fueron contratadas como funcionarios o contratistas en 16 entidades del orden nacional. Estos vínculos contractuales, celebrados entre los años 2023 y 2025, habrían representado un costo para el Estado superior a los $1.100 millones, exactamente $1.102.094.108.
Según la investigación adelantada por el equipo de Juvinao, se identificaron dos tipos de presuntas irregularidades en la expedición de los diplomas. En el primer grupo figuran seis personas que, pese a aparecer como graduadas, no registran la presentación de la Prueba Saber Pro en ninguna fecha verificable, un requisito obligatorio para obtener un título profesional en Colombia.
El segundo grupo está conformado por 18 personas que habrían presentado la Prueba Saber Pro después de la fecha de grado, lo que constituiría una presunta ilegalidad, de acuerdo con la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 de 2009, normas que establecen la obligatoriedad de aprobar este examen antes de recibir el título profesional.
Entre las entidades que habrían vinculado a estas personas se encuentran el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con 10 casos; la Unidad Nacional de Protección, el Invima y el DANE, con dos casos cada uno. También figuran el Ministerio de Transporte, la DIAN, la Superintendencia de Servicios Públicos, el DAPRE, la Corporación Aeronáutica Colombiana, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según la denuncia, al menos una persona habría celebrado contratos con más de una entidad estatal.
Ante estos hechos, la representante Cathy Juvinao solicitó al Ministerio de Educación Nacional, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación que adelanten las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, determinar posibles responsabilidades y proteger la moralidad pública frente a este presunto entramado de irregularidades académicas y contractuales.