Durante la audiencia de imputación contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, la Fiscalía sostuvo que los hechos investigados no corresponden a irregularidades aisladas, sino a una presunta estrategia organizada para apropiarse de recursos públicos, que habría contado con directrices externas a la entidad.
El fiscal anticorrupción afirmó ante un juez de control de garantías que se configuró una posible Organización de Delincuencia Organizada (ODO), integrada por funcionarios públicos y particulares, con el objetivo de direccionar contratos y facilitar el desvío de fondos estatales. En ese contexto, señaló que algunas decisiones clave dentro del AMVA se habrían tomado “por instrucciones de un tercero”.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por presunto peculado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado a Palacio; a las exsubdirectoras del área Ambiental Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla; y a Juan Alberto Cardona Henao, funcionario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Según el ente acusador, entre 2020 y 2021 se firmaron al menos seis contratos por un valor superior a los $18.000 millones, destinados a capacitaciones, fortalecimiento operativo de los cuerpos de bomberos del Valle de Aburrá y al suministro de kits de bioseguridad durante la pandemia de covid-19. No obstante, la Fiscalía sostiene que dichos contratos fueron adjudicados de manera directa e irregular, sin estudios de mercado, lo que habría generado sobrecostos y el cobro de bienes y servicios que nunca fueron entregados.
El fiscal indicó que el presunto detrimento patrimonial asciende a $2.481 millones y que parte de esos recursos habrían sido utilizados para financiar una campaña política al Congreso en el periodo 2021–2022, según pruebas ya expuestas en diligencias previas.
En relación con el rol de Juan David Palacio, la Fiscalía aseguró que su participación fue determinante, al permitir una política de contratación irregular y omitir los deberes legales de control y vigilancia. Además, señaló que al finalizar su gestión habría ordenado el formateo de equipos de cómputo de la Dirección y otras dependencias, con el fin de eliminar rastros de posibles actuaciones ilegales.
Aunque el fiscal no identificó directamente al “tercero” que habría dado las instrucciones, en audiencias anteriores se revelaron comunicaciones que señalaban la existencia de un presunto control alterno de la contratación, en el que habrían participado actores externos a la estructura formal del AMVA.
Respecto a las exsubdirectoras ambientales, la Fiscalía les imputó interés indebido en la celebración de contratos y coautoría de peculado, al permitir la contratación directa para el suministro de bienes, modalidad que no aplicaba en estos casos, y al justificar la falta de competencia bajo el argumento de un único oferente.
En cuanto a Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, la imputación corresponde a falsedad en documento privado. Según la Fiscalía, se habrían presentado facturas y órdenes de pago por servicios de transporte que, tras verificación, no fueron prestados y contenían firmas falsas.
La audiencia, realizada de manera virtual ante el Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín, fue suspendida en la noche del lunes y continuará este martes, cuando el fiscal responderá a las intervenciones de la Procuraduría y las defensas. Posteriormente, los imputados deberán definir si aceptan o no los cargos, y el juez evaluará una eventual solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector del AMVA.