La crisis humanitaria en la cárcel El Pedregal de Medellín se habría profundizado por presuntos actos de corrupción relacionados con el ingreso de alimentos. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que funcionarios del Inpec estarían exigiendo pagos a las familias de personas privadas de la libertad para permitirles entrar comida al penal.
Desde la noche del martes 26 de enero, cientos de internos iniciaron un acto de desobediencia civil en protesta por las condiciones que aseguran llevan soportando durante años, especialmente por la falta de una alimentación digna. Según las denuncias, el problema se arrastra desde comienzos de 2024, cuando el área encargada de la preparación de alimentos fue cerrada tras evidenciarse graves fallas sanitarias, entre ellas alimentos en estado de descomposición y contaminación con elementos extraños.
Ante el cierre del servicio oficial de alimentación, las familias asumieron la responsabilidad de llevar comida a sus seres queridos. Sin embargo, defensores de derechos humanos alertan que este alivio parcial habría sido aprovechado para cometer presuntos cobros irregulares. De acuerdo con Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, se había alcanzado un acuerdo con las directivas del Inpec para permitir el ingreso de un kit básico de alimentos, financiado solidariamente por las familias, con un costo aproximado de 2.500 pesos diarios por interno.
“Lo que empezó como una solución humanitaria terminó convirtiéndose en un problema de corrupción”, denunció Carmona, quien aseguró que algunos guardianes estarían cobrando sumas que alcanzarían los 500.000 pesos para autorizar el ingreso de estos alimentos, convirtiendo el hambre en un negocio.
La situación se presenta pese a las múltiples advertencias de los entes de control. En septiembre pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia reiteró en un fallo de segunda instancia que el Estado tiene la obligación de garantizar una alimentación suficiente y de calidad a los reclusos. Además, a finales de 2025, la Procuraduría alertó sobre incumplimientos reiterados en la contratación del servicio de alimentación en este centro penitenciario.
Mientras tanto, la tensión al interior del penal continúa. Las personas privadas de la libertad anunciaron que mantendrán las protestas hasta que se garantice el acceso a una alimentación digna y se investiguen las denuncias. Organizaciones sociales hicieron un llamado urgente a la Personería, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que intervengan de manera inmediata ante lo que califican como una crisis que podría escalar aún más.