Más de un millón de personas quedaron confinadas, el desplazamiento forzado aumentó un 85 % y los grupos armados ilegales suman hoy 27.121 integrantes. Con estas cifras arranca el diagnóstico de la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz) sobre el estado de la seguridad en Colombia al inicio de 2026, un panorama que combina expansión armada, crisis humanitaria y debilidad institucional.
Según el informe, entre julio y diciembre de 2025 el pie de fuerza ilegal creció un 7 %, y la proyección indica que estas estructuras podrían acercarse a los 30.000 integrantes en el próximo ciclo político. El crecimiento no solo se da en hombres en armas, que aumentaron un 20 %, sino también en redes de apoyo, que crecieron un 27 %, consolidando formas de control social y gobernanza criminal en los territorios.
Ideaspaz estima que más de 5.000 nuevos integrantes se sumaron a los grupos armados en un solo año, con el Clan del Golfo liderando esta expansión. Este fortalecimiento ocurre en paralelo a un aumento del 34 % en los enfrentamientos durante 2025 y a la ampliación del conflicto, que ya registra 13 zonas activas de disputa, casi el doble que al inicio del actual gobierno.
El impacto humanitario es el más alarmante. Además del confinamiento masivo, las cifras de desplazamiento forzado alcanzaron niveles que no se veían desde el inicio de la implementación del acuerdo de paz. Solo en el Catatumbo, 92.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por la violencia.
El informe también advierte sobre el aumento de los ataques armados. En 2025, las agresiones contra infraestructura civil crecieron un 58 %, los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron un 62 % y se registraron 277 ataques con drones explosivos, más del doble que el año anterior.
En este contexto, Ideaspaz señala que Colombia inicia 2026 con un deterioro acumulado de la seguridad, marcado por la recomposición de los actores ilegales y la limitada capacidad del Estado para recuperar el control territorial. La ONG advierte que el conflicto no está congelado, sino que se reorganiza con mayor capacidad de adaptación.
Sobre la política de Paz Total, el documento afirma que llega a 2026 golpeada por escándalos y con un reconocimiento creciente de sus límites, incluso dentro del Gobierno. Aunque las mesas de diálogo siguen activas, acumulan compromisos difíciles de cumplir y se amplían sin las capacidades necesarias, lo que, según Ideaspaz, erosiona la credibilidad institucional.
La fundación concluye que la respuesta estatal sigue siendo reactiva, con debilitamiento de la inteligencia y poca capacidad de anticipación. Mantener negociaciones, advierte, no puede traducirse en permisividad frente al control ilegal del territorio. El reto inmediato es institucional, humanitario y político, y de su manejo dependerá que la expansión armada no termine definiendo los márgenes reales de la paz en Colombia.