El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó con dureza ante las versiones que indican que la Fiscalía General de la Nación estaría evaluando llamarlo a indagatoria y vincularlo formalmente al expediente que investiga la masacre de El Aro, la masacre de La Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
A través de un extenso pronunciamiento público, Uribe cuestionó el sustento de la investigación y anunció que sus abogados preparan una solicitud formal ante la Fiscalía, además de una carta dirigida a la fiscal general para exponer lo que considera graves irregularidades en el proceso.
“Desde 1997 soporto estas infamias sin que en esos extensos expedientes haya algo contra mí”, afirmó el exmandatario, quien aseguró que la acusación en su contra fue adelantada por dos fiscales nombrados durante la administración de Eduardo Montealegre, sin tener en cuenta —según dijo— posibles conflictos de interés.
Uribe también se refirió a versiones que circulan al interior de la Fiscalía sobre una eventual acusación. En su cuenta de X escribió: “En la Fiscalía votaron 11 fiscales para que lo acusen a uno, otro dijo que después de elecciones”, mensaje que avivó el debate político y jurídico alrededor del caso.
El expresidente reiteró que ha rendido versión libre y declaración formal ante fiscales y negó cualquier responsabilidad en los hechos investigados. Sobre el asesinato de Jesús María Valle, señaló que ocurrió cuando él se encontraba en la Universidad de Oxford, y aseguró que las masacres de El Aro y La Granja deben analizarse en el contexto de la confrontación armada que vivía Antioquia en los años noventa.
Uno de los señalamientos centrales del expediente apunta a la supuesta presencia de un helicóptero de la Gobernación de Antioquia durante la masacre de El Aro. Frente a esto, su abogado Jaime Granados sostuvo que las bitácoras de vuelo, los peritajes de la Aerocivil y los testimonios de los pilotos oficiales “demuestran técnicamente que ninguna aeronave de la Gobernación estuvo en la zona en las fechas señaladas”.
Uribe cuestionó además que se pretenda aplicar una teoría de omisión por parte de la Gobernación de Antioquia en hechos ocurridos en Ituango, argumentando que se trataba de un municipio con enormes dificultades geográficas y una limitada capacidad de la Fuerza Pública. “Es imposible desconocer los esfuerzos que hizo la Gobernación en medio de una violencia generalizada”, afirmó.
El expediente se apoya, entre otros elementos, en declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, hoy gestor de paz del Gobierno, y en testimonios como el del exparamilitar Francisco Villalba, fallecido y cuestionado en otros procesos judiciales.
Mientras la Fiscalía define si adopta una decisión de fondo, la respuesta del expresidente Uribe eleva la tensión política y jurídica en torno a uno de los casos más emblemáticos y polémicos del conflicto armado colombiano.