Los organismos de inteligencia del Estado encendieron las alarmas por presuntos seguimientos del ELN a la senadora María Fernanda Cabal y a la candidata presidencial Vicky Dávila, en medio de un escenario de alto riesgo por la expansión del frente de Guerra Urbano de esa guerrilla en Bogotá.
Según informes de la Policía, la Fiscalía y las Fuerzas Militares, revelados por la revista SEMANA, ambas líderes políticas habrían sido objeto de operaciones de vigilancia consideradas inusualmente agresivas, en el marco de los planes del ELN para generar impacto mediático, intimidación política e interferencia en el proceso electoral de 2026. “Nunca había visto unos seguimientos tan bravos como los que les hicieron a ellas”, aseguró una fuente del ente investigador citada en los reportes.
Las alertas hacen parte de una investigación más amplia que advierte sobre la presencia activa del ELN en al menos diez localidades de Bogotá, donde operan cerca de 30 unidades colectivas dedicadas a labores de inteligencia, adoctrinamiento ideológico y reclutamiento de jóvenes, especialmente en universidades públicas y privadas.
En el caso específico de Cabal y Dávila, las autoridades consideran que los seguimientos estarían relacionados con el interés del ELN de incidir en la contienda electoral, intimidando a figuras que no estarían alineadas con sus intereses políticos. Los informes advierten que la guerrilla busca generar zozobra selectiva contra líderes visibles, aprovechando la exposición mediática de la capital.
De acuerdo con la inteligencia oficial, las acciones urbanas del ELN en Bogotá no se limitan a propaganda ideológica. Existen planes de atentados en desarrollo, así como células militares activas en municipios cercanos como Chía y Facatativá, que servirían de apoyo logístico y operativo al frente urbano encargado de actuar en grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.
Las investigaciones conocidas por la revista Semana señalan que la financiación de estas operaciones proviene de estructuras del ELN en el Pacífico, Norte de Santander y Arauca, con recursos derivados del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Parte de ese dinero, según los informes, sería canalizado a través de Medellín por un presunto articulador conocido como alias Aláh.
Aunque desde la administración distrital ha habido cautela frente al alcance real de la amenaza, las alertas ya llegaron al Concejo de Bogotá, donde se exige mayor claridad y acciones contundentes ante la posible infiltración guerrillera y los riesgos para líderes políticos y el proceso democrático.
Las autoridades mantienen operativos de seguimiento y contrainteligencia y no descartan nuevas medidas de seguridad para proteger a figuras políticas en riesgo, mientras avanzan las investigaciones para desarticular la red urbana del ELN en la capital.