La concejala de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, lanzó una fuerte advertencia sobre el deterioro que atraviesa la construcción de vivienda en el país. Según explicó, el segmento de edificaciones se contrajo 6,5 % en el último trimestre de 2025 y ya completa diez trimestres consecutivos en descenso.
Las cifras, aseguró, no son menores. Los lanzamientos de nuevos proyectos están en niveles similares a los de 2013 y las iniciaciones de obra se comparan con los registros más críticos de la pandemia en 2020. Para Forero, se trata de una señal clara de que el sector —tradicional motor de empleo y crecimiento— atraviesa una crisis estructural.
El impacto no solo lo sienten las constructoras. De acuerdo con sus estimaciones, las regiones han dejado de percibir más de 2 billones de pesos en impuestos locales que antes generaba la vivienda formal, afectando las finanzas territoriales.
En el frente laboral, la alerta es aún más delicada: cerca de un millón de empleos estarían en riesgo. Forero subrayó que el 90 % de esos trabajadores gana menos de cuatro salarios mínimos, lo que convierte la desaceleración en un problema social de gran escala.
La cabildante cuestionó decisiones del Gobierno nacional, especialmente la reducción en la asignación de subsidios. Mientras entre 2021 y 2022 se entregaban más de 67.000 subsidios anuales, en 2025 la cifra cayó por debajo de 9.000. Según explicó, alrededor de 45.000 familias con trámites adelantados habrían quedado sin acceso al beneficio. “La vivienda no es un lujo, es una necesidad y un derecho”, afirmó.
Uno de los puntos más sensibles es la vivienda de interés social (VIS). Frente a las críticas del Ejecutivo sobre el aumento en los topes de este tipo de vivienda, Forero argumentó que el ajuste responde al incremento del salario mínimo. Sin embargo, advirtió que en Bogotá los efectos indirectos podrían elevar hasta en 60 % las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios, afectando a unas 2.000 familias que verían frustrada su posibilidad de comprar vivienda propia.
Para la concejala, el panorama exige medidas urgentes que frenen la caída y eviten consecuencias económicas y sociales más profundas en un sector que históricamente ha sido clave para la generación de empleo formal y el acceso a vivienda en Colombia.