Corte le da la razón a Cali y protege recursos del ICA para inversión social

La Corte Constitucional falló a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali en una tutela presentada por la administración del alcalde Alejandro Eder, en un proceso que enfrentaba al municipio con el sector financiero por la tarifa del impuesto de industria y comercio (ICA).

La decisión tumba la interpretación del Consejo de Estado que obligaba a las ciudades capitales a copiar la tarifa del ICA fijada por Bogotá, lo que, según el Distrito, desconocía la autonomía fiscal de los territorios y sus realidades económicas.

El conflicto surgió luego de que Asobancaria demandara un acuerdo del Concejo de Cali que aumentaba la tarifa del ICA al sector financiero con el objetivo de fortalecer las finanzas del Distrito y financiar proyectos estratégicos para la ciudad. En su momento, el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial del acuerdo al considerar que todas las capitales debían aplicar la misma tarifa de Bogotá, fijada en 14 por mil.

Esa interpretación tuvo un impacto directo en las finanzas del municipio: en 2025 Cali dejó de recibir cerca de 200.000 millones de pesos, recursos que, según la Alcaldía, habrían podido destinarse a programas sociales, infraestructura, seguridad y educación.

Con el fallo de la Corte Constitucional, se establece que las ciudades capitales pueden fijar sus propias tarifas de ICA dentro del rango legal permitido, entre el 2 y el 30 por mil, teniendo en cuenta sus condiciones tributarias y económicas.

“El fallo no solo beneficia a Cali, también fortalece la autonomía de las 32 ciudades capitales del país para decidir sobre sus recursos”, aseguró el alcalde Alejandro Eder, quien calificó la decisión como un triunfo frente a las pretensiones del sector bancario.

La Alcaldía señaló que el fallo permitirá fortalecer las finanzas del Distrito y destinar más recursos a inversión social, seguridad, infraestructura educativa y proyectos estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Además, la decisión sienta un precedente para las demás capitales del país frente a la autonomía fiscal de los territorios.