El Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro enfrenta una situación crítica. Una investigación basada en derechos de petición y denuncias reveló que la infraestructura ya está desbordada, mientras una inversión clave para su ampliación sigue frenada.
El sistema aeroportuario de la región, que proyectaba atender 13,5 millones de pasajeros en 2036, ya alcanzó y superó esa cifra entre 2022 y 2024, lo que hoy se traduce en congestión, demoras y presión en áreas como check-in, filtros de seguridad, salas de espera y migración.
A esto se suma un problema estructural: la pista no recibe una intervención profunda desde hace casi 40 años.
Pese a este panorama, el Gobierno Nacional no ha firmado el Otrosí número 27, un documento técnico que permitiría ejecutar un “plan de choque” con 14 obras urgentes. Lo llamativo es que esta inversión, cercana a los $397.646 millones, no requeriría recursos públicos, ya que sería financiada en su totalidad por el concesionario AirPlan.
La alerta fue respaldada por el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, quien lideró la investigación y cuestionó el bloqueo del proceso. “Se está frenando una solución urgente sin justificación, mientras el aeropuerto ya no da abasto”, señaló.
El principal obstáculo sería una regla contractual conocida como la “regla del 75 %”, que hoy limita la ejecución de obras complementarias y mantiene “amarrado” el desarrollo del aeropuerto.
Desde distintos sectores advierten que la falta de decisiones está impactando no solo la operación, sino también la competitividad de Antioquia y la seguridad de los viajeros.
La presión ahora está sobre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a quienes les piden firmar de inmediato el documento para destrabar las obras y evitar que la crisis del aeropuerto siga escalando.