La elección de Griselda Lobo como vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado desató indignación en amplios sectores del país, especialmente entre víctimas del conflicto armado.
Griselda Lobo Silva, quien hoy se hace llamar Sandra Ramírez fue durante años integrante de las extintas Farc y compañera sentimental de alias “Tirofijo”, el máximo jefe de esa guerrilla. Su trayectoria está ligada a uno de los periodos más violentos de Colombia, marcado por secuestros, reclutamiento forzado y múltiples violaciones a los derechos humanos.
Lo que más ha encendido el rechazo es que, según denuncias reiteradas de víctimas, dentro de esa estructura se habrían cometido prácticas como el reclutamiento de menores —incluidas niñas— y abortos forzados. Aunque estos hechos han sido materia de investigaciones dentro del sistema de justicia transicional, el dolor y la deuda con las víctimas siguen abiertos.
Por eso, su llegada a una comisión encargada precisamente de defender los derechos humanos resulta, para muchos, inaceptable. “Es una bofetada para las víctimas”, han señalado sectores de oposición, insistiendo en que aún no hay una claridad plena sobre las responsabilidades individuales frente a estos hechos.
La controversia también crece porque, aunque la senadora afirmó que su elección fue unánime, no todos los integrantes de la comisión estuvieron presentes durante la votación, empezando por la senadora Paloma Valencia quien no votó
El fondo del debate es profundo: ¿puede alguien que hizo parte de una organización señalada por crímenes graves ocupar un cargo que representa la defensa de las víctimas? Mientras el discurso oficial habla de reconciliación, para muchos colombianos esta designación refleja una herida que sigue abierta y una justicia que, a su juicio, aún no ha sido suficiente.