“Es una afrenta a las víctimas”: Fico buscará tumbar la ley de Paz Total

En medio de la controversia generada por la suspensión de órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que solicitará al Congreso de la República derogar la ley que dio vía libre a la política de Paz Total.

El mandatario distrital aseguró que esta será la vía para frenar, según dijo, los beneficios que el Gobierno Nacional les estaría otorgando a esos jefes criminales en el marco de los diálogos de paz urbana. Durante su pronunciamiento, Gutiérrez lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro y advirtió que la suspensión de estas órdenes podría terminar influyendo en el escenario electoral del país.

“Con estas solicitudes de levantar órdenes de captura, así como lo han hecho con alias Carlacá, el ELN y el Clan del Golfo, es una interferencia directa del Gobierno para que las estructuras criminales ejerzan una presión ante las comunidades en la campaña electoral que hoy está viviendo Colombia”, denunció el alcalde.

Gutiérrez calificó la medida como una afrenta contra las víctimas y contra los ciudadanos que durante años han padecido el dominio de estas organizaciones ilegales. Incluso, fue más allá al señalar que detrás de estas decisiones habría una estrategia política de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Colombia está siendo gobernada por unos bandidos. Petro se les entregó a las estructuras criminales para ganar la Presidencia. Y con ellos están gobernando. Y lo más grave es que ahora, después de casi uno o dos años de haber nombrado voceros de paz a estos criminales, a los cuales les levantan las órdenes de captura, van a tener la posibilidad de salir de la cárcel en algunos momentos, supuestamente a realizar gestiones de paz, pero ¿en plena época electoral a la Presidencia? Se lo advierto al país: todo esto es una estrategia para que los criminales salgan a hacer campaña”, afirmó.

El alcalde explicó que la suspensión de órdenes de captura fue posible gracias a las facultades otorgadas por el Congreso al Ejecutivo en 2022 para implementar los acercamientos de la Paz Total. Por eso, insistió en que debe ser el propio Legislativo el que revierta esas facultades mediante la derogación o modificación de la norma.

Además del recurso ante el Congreso, Gutiérrez informó que prepara un escrito dirigido a la Fiscalía General de la Nación para que revise las justificaciones entregadas por el Gobierno para sustentar la suspensión de las órdenes. A su juicio, los argumentos presentados serían irregulares y no tendrían en cuenta la gravedad de los delitos atribuidos a los beneficiados.

El alcalde también rechazó que el Gobierno Nacional mencione la reducción de homicidios en Medellín como prueba de la voluntad de paz de estos cabecillas. Según sostuvo, aunque varios permanecen privados de la libertad, seguirían dando órdenes criminales y las estructuras bajo su mando continuarían vinculadas a delitos como homicidios, lavado de activos, narcotráfico y explotación sexual de menores.

En un tercer frente, Gutiérrez anunció que enviará comunicaciones a agencias de Estados Unidos, entre ellas la DEA, el FBI y la embajada de ese país en Colombia, para advertir que varios de los cabecillas favorecidos con la suspensión de órdenes de captura son requeridos por narcotráfico y, por tanto, no deberían recibir estatus político.

“Yo haré llegar hoy unas comunicaciones tanto a la DEA, también como al FBI, como a la embajada, mostrándole de nuevo el perfil de las personas a las que levantan las órdenes de captura. Esas estructuras criminales son transnacionales, se dedican al narcotráfico”, expresó.

Finalmente, el alcalde recordó que, en medio de los operativos adelantados por la Alcaldía y la fuerza pública contra estructuras delincuenciales de Medellín, especialmente por delitos relacionados con lavado de activos y testaferrato, tanto él como el secretario de Seguridad, Manuel Villa, han recibido amenazas por parte de cabecillas como alias Douglas.

“Este es el peor insulto para una ciudad como Medellín, que lo que ha hecho es sufrir a las peores estructuras criminales”, concluyó Gutiérrez.