El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, rechazó los señalamientos que lo vinculan con supuestas actividades ilegales en el caso que involucra al abogado Abelardo de la Espriella y a los hermanos Bautista, propietarios de Thomas Greg & Sons, y aseguró que la entidad no tiene ni la función ni la capacidad técnica para interceptar comunicaciones.
Durante una entrevista con Recap Blu, de Blu Radio, Mejía explicó que la DNI está enfocada exclusivamente en tareas de inteligencia estratégica y carece de potestad normativa y equipos para realizar interceptaciones. “La Dirección Nacional de Inteligencia en este gobierno no tiene, primero, normativamente la función de interceptar y, técnicamente, no cuenta con equipos para esa labor”, afirmó.
El exfuncionario recordó que en Colombia la única entidad autorizada para adelantar interceptaciones es la Fiscalía General de la Nación, siempre bajo orden judicial y con procedimientos sujetos a controles legales. En ese sentido, sostuvo que durante su gestión no existieron adquisiciones, transferencias de tecnología o recepción de equipos de agencias extranjeras destinados a esa clase de operaciones.
“Cualquier actividad de esa naturaleza en el país debe cumplir la normatividad vigente y ser ejecutada exclusivamente por la Fiscalía”, insistió Mejía.
El caso tomó relevancia pública luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera referencia a supuestas conversaciones entre Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, en las que se habría mencionado la devolución de un contrato estatal a cambio de apoyo electoral.
Frente a la pregunta sobre si la DNI había interceptado dichas comunicaciones, Mejía fue tajante. “Es imposible que desde la Dirección Nacional de Inteligencia se haya generado una actividad técnica de ese tipo porque no tiene la capacidad, no tiene la potestad normativa y esas potestades solo las tiene la Fiscalía General de la Nación mediando una orden judicial”, declaró.
Sobre el material incautado en el operativo contra alias Calarcá en 2024, Mejía señaló que, según periodistas que tuvieron acceso a los archivos, ni su nombre ni el del general Huertas aparecen en los dispositivos revisados. Añadió que la información usada para vincularlo surgió de una captura de chat que, según dijo, ya circulaba en el Ejército y en la Dijín meses antes del operativo.
Sin embargo, la fiscal general Luz Adriana Camargo aseguró que en algunos dispositivos sí fueron halladas menciones a Mejía y a Huertas, y explicó que esa información es considerada relevante dentro de las investigaciones por una presunta infiltración de instituciones del Estado. Según indicó, esos hallazgos deberán ser evaluados en el marco de un análisis judicial riguroso.
Mejía también sostuvo que el presidente Petro recibe información de múltiples fuentes de inteligencia, tanto nacionales como extranjeras, y reveló que él mismo había sido advertido del asunto días antes de que el mandatario lo hiciera público. Aun así, reiteró que, de haber existido interceptaciones, estas debieron haber sido autorizadas judicialmente y realizadas únicamente por la Fiscalía, no por la DNI.
En respuesta a las acusaciones formuladas por Abelardo de la Espriella, quien denunció supuestos intentos del Gobierno y de la DNI para silenciarlo, el exdirector defendió la actuación institucional del organismo. “En la DNI hay personas éticas, transparentes y oficiosas en lo que hacen. Nunca se emitieron órdenes para seguir a opositores políticos, periodistas o líderes sociales”, aseguró.
Finalmente, Mejía se refirió a la posibilidad de asumir un cargo en la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), y manifestó que, de concretarse ese nombramiento, actuaría con apego a la legalidad y a la protección de la información sensible de los ciudadanos. También destacó su experiencia en los sectores público y privado, así como su formación en gestión y proyectos.
El exdirector concluyó explicando que las labores de inteligencia exigen reserva, compartimentación y protocolos estrictos. “Las misiones de trabajo pueden ser autorizadas directamente por el director general, siempre con documentación y protocolos claros”, señaló, al insistir en que toda actuación institucional debe quedar debidamente registrada y bajo control de las autoridades competentes.