El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elevó este martes 7 de abril de 2026 el tono de su choque con Gustavo Petro al ofrecer el traslado a Colombia del “100%” de las personas detenidas en cárceles salvadoreñas, incluidos los llamados presos políticos. La respuesta llegó después de que el mandatario colombiano calificara el sistema penitenciario salvadoreño como un conjunto de “campos de concentración de población civil”.
A través de un mensaje en X, Bukele aseguró que, si en El Salvador existieran centros de reclusión que vulneran de forma sistemática la dignidad humana, como sostiene Petro, no bastaría con liberar a unos pocos detenidos. Por eso planteó que el eventual traslado debería cobijar a toda la población privada de la libertad, sin excepciones.
El pronunciamiento del gobernante salvadoreño se produjo luego de que Petro denunciara públicamente que en las cárceles de ese país habría personas inocentes detenidas y afirmara que miles de jóvenes están siendo, según sus palabras, “matados en vida”. El jefe de Estado colombiano incluso sostuvo que encarcelar personas por su apariencia, su edad o por portar tatuajes no puede presentarse como una política de seguridad legítima.
La controversia revive el debate regional sobre la estrategia de seguridad de Bukele, sustentada en el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Bajo esa medida, más de 90.000 personas han sido detenidas en El Salvador, mientras el propio gobierno ha reconocido que miles de capturados eran inocentes o no debieron permanecer privados de la libertad.
En paralelo, distintas organizaciones y reportes internacionales han advertido sobre el costo humanitario de esa política. Reuters reportó en marzo de 2026 que un grupo de juristas presentó un informe en el que ve indicios de posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción. Ese mismo reporte señala que alrededor de 500 detenidos han muerto bajo custodia estatal.
El cruce entre ambos mandatarios añade un nuevo capítulo a la tensión política entre dos visiones opuestas de seguridad en América Latina: mientras Bukele defiende el endurecimiento penal como eje de su modelo, Petro insiste en que la lucha contra el crimen no puede justificar violaciones a los derechos humanos. Por ahora, la propuesta del presidente salvadoreño se mantiene en el terreno de la confrontación política y no como una medida diplomática en curso