Con Fico al frente, Medellín aprieta el cerco contra la corrupción de la administración anterior

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró este miércoles que avanzan las investigaciones por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante la administración anterior, luego de conocerse nuevos movimientos judiciales en el caso de los contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí. El mandatario afirmó que cada vez son más los implicados que están acudiendo ante la Fiscalía para colaborar con la justicia y entregar información sobre una supuesta red de saqueo al erario.

Gutiérrez sostuvo que “la justicia avanza” y lanzó una dura advertencia contra quienes, según él, participaron en el desfalco de recursos públicos en Medellín. El alcalde afirmó que algunos implicados ya recibieron aval judicial para acogerse a principios de oportunidad, mecanismo mediante el cual aceptan su participación en delitos, aportan pruebas y se convierten en testigos dentro de los procesos penales. Esa declaración se conoció en medio del avance de varias investigaciones que hoy tienen en la mira a exfuncionarios y exdirectivos relacionados con la administración de Daniel Quintero.

Uno de los expedientes que volvió a tomar fuerza es el de los seis contratos por más de $18.000 millones suscritos entre 2021 y 2023 por el Área Metropolitana y los bomberos de Itagüí, un caso en el que la Fiscalía ha advertido un posible detrimento patrimonial de $2.481 millones. Para este 8 de abril estaba prevista la continuación de la audiencia de acusación contra varios de los procesados, pero la diligencia se alteró luego de que la funcionaria del Área Metropolitana María Yaneth Rúa manifestara su intención de someterse a un principio de oportunidad para colaborar con la justicia.

Con esa decisión, Rúa se sumaría a otros implicados que ya han optado por entregar información. El exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, ya obtuvo la aprobación de un principio de oportunidad, mientras que Elkin de Jesús González, también vinculado al caso, estaba a la espera de una definición judicial. Según reportes de prensa, con estas colaboraciones el proceso podría tomar un nuevo impulso, en la medida en que la Fiscalía tendría acceso a más testimonios, documentos y elementos de prueba sobre la manera en que supuestamente operó la contratación cuestionada.

Las pesquisas sobre este caso no se limitan a funcionarios de segundo nivel. En enero, la Fiscalía pidió imputar al exdirector del Área Metropolitana, Juan David Palacio, así como a otras exfuncionarias de esa entidad, por presuntos delitos relacionados con contratación irregular. En esa audiencia, el ente acusador sostuvo que lo ocurrido no correspondería a hechos aislados, sino a una estrategia coordinada para direccionar contratos y favorecer intereses particulares. En esa misma línea, distintas diligencias judiciales han mencionado presuntos vínculos de miembros del antiguo círculo de poder local con decisiones tomadas al interior del Área Metropolitana.

La administración distrital ha venido insistiendo en que este proceso es apenas una parte de un panorama más amplio de investigaciones por presuntas irregularidades cometidas durante el cuatrienio anterior. De hecho, Federico Gutiérrez ha usado este nuevo capítulo judicial para reforzar su discurso de lucha contra la corrupción y para sostener que en Medellín se montó una estructura que habría usado entidades públicas para fines indebidos. Sin embargo, los procesos siguen en curso y será la justicia la que determine responsabilidades individuales y eventuales condenas.

Por ahora, lo que muestran las decisiones recientes es que la estrategia de la Fiscalía de apoyarse en testigos colaboradores comienza a reconfigurar el expediente. La próxima audiencia relacionada con María Yaneth Rúa quedó prevista para el 21 de abril, mientras que la diligencia suspendida este 8 de abril fue reprogramada para el 16 de junio. En ese escenario, la expectativa está puesta en si nuevos testimonios terminan comprometiendo a más exfuncionarios o ampliando el alcance de uno de los casos de presunta corrupción más sensibles que hoy rodean a la pasada administración de Medellín.