La polémica por la fiesta vallenata realizada en la cárcel La Paz de Itagüí sigue creciendo, luego de que se conocieran detalles de la minuta oficial del penal que evidencian serias fallas en los controles internos durante el evento.
Según el documento, correspondiente al 8 de abril de 2026, no existe registro del ingreso de vehículos, músicos ni equipos logísticos para la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, pese a que en videos se observa claramente la realización de un concierto dentro del centro penitenciario.
La denuncia, divulgada por el concejal de Medellín Andrés Tobón, señala que las autoridades penitenciarias no dejaron constancia del ingreso de visitantes ni del montaje necesario para el evento. Incluso, el registro oficial omite la entrada de al menos 138 personas, entre ellas varios menores de edad.
Esta falta de documentación ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades, ya que el evento incluyó música en vivo, consumo de licor y la participación de internos vinculados a estructuras criminales.
El análisis de la minuta sugiere que pudo existir una red de favores dentro del penal. Según las denuncias, algunos funcionarios habrían permitido el ingreso irregular de personas y elementos a cambio de pagos, lo que explicaría la ausencia de registros oficiales.
Además, se reveló la existencia de espacios privilegiados para ciertos reclusos, como un apartamento anexo destinado a un cabecilla criminal, lo que refuerza las sospechas sobre tratos preferenciales dentro de la cárcel.
El escándalo ha generado repercusiones a nivel nacional. La Fiscalía abrió investigaciones contra funcionarios del Inpec y contra el propio cantante, mientras que el Gobierno suspendió temporalmente los diálogos de paz con estructuras criminales que se adelantaban en ese penal.
Asimismo, la falta de controles se suma a otras fallas estructurales, como la ausencia de cámaras de seguridad en la cárcel durante varios años, lo que dificulta reconstruir lo ocurrido con precisión.
La revelación de la minuta refuerza la gravedad del caso y deja en evidencia un posible colapso en los protocolos de seguridad del sistema penitenciario.
Las autoridades ahora enfrentan el reto de esclarecer responsabilidades y restaurar la confianza en uno de los centros carcelarios más importantes del país, mientras continúan las investigaciones sobre lo que ya ha sido calificado como una de las mayores irregularidades recientes en el sistema penitenciario colombiano.