La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, hizo un llamado al Congreso de la República para que, en el debate del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria, se mantengan las garantías judiciales y el debido proceso en cabeza de los jueces de la República.
A través de un comunicado titulado “La Justicia Rural es con los Jueces de la República”, el gremio agropecuario expresó su preocupación por la propuesta del Gobierno Nacional, que, según la SAC, buscaría entregar competencias sobre procesos agrarios a una entidad del Ejecutivo.
La organización señaló que el país necesita una Jurisdicción Agraria en la que sean los jueces quienes tomen las decisiones, y no una entidad administrativa. Para la SAC, quitarles competencias a los jueces representaría un riesgo para las garantías de los ciudadanos en procesos relacionados con tierras.
El gremio recordó que el Acuerdo de Paz estableció la obligación de crear una Jurisdicción Agraria y que el Decreto Ley 902 de 2017 entregó a los jueces la competencia para decidir sobre varios procesos agrarios. Sin embargo, advirtió que el proyecto impulsado por el Gobierno podría modificar ese diseño institucional.
La SAC también afirmó que la propuesta desconoce pronunciamientos de la Corte Constitucional, entre ellos sentencias relacionadas con la revisión del Decreto Ley 902 de 2017, la creación de la Jurisdicción Agraria y la necesidad de conservar una fase judicial en los procesos agrarios.
Además, el comunicado menciona el Auto 534 de 2026 de la Corte Constitucional, mediante el cual, según la SAC, se suspendieron artículos del Decreto Legislativo 0174 de 2026 que permitían a la Agencia Nacional de Tierras decidir sobre procesos agrarios en varios departamentos.
“La Jurisdicción Agraria no puede construirse debilitando las garantías judiciales de los ciudadanos. Las decisiones sobre la tierra deben seguir en manos de jueces independientes y no de entidades del Ejecutivo”, concluyó el gremio.
El pronunciamiento fue respaldado por diferentes asociaciones del sector agropecuario, que insistieron en que la justicia rural debe garantizar independencia, debido proceso y seguridad jurídica para los ciudadanos del campo.