El Gobierno de Gustavo Petro suspendió las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, máximo cabecilla del Clan del Golfo, y otros 28 integrantes de esa estructura criminal, una decisión que provocó fuertes críticas y volvió a encender el debate sobre la política de “paz total”.
La medida fue formalizada por el consejero presidencial para la Paz, Otty Patiño, ante la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de permitir que los integrantes del grupo narcotraficante ingresen a una zona especial en el noroccidente del país y continúen las negociaciones con el Gobierno.
El Clan del Golfo, considerado por Estados Unidos como una organización terrorista y señalado por narcotráfico, asesinatos, extorsiones y desplazamientos forzados, mantiene diálogos con el Ejecutivo colombiano desde septiembre del año pasado en Catar.
La decisión generó controversia porque contradice los compromisos que Petro había asumido meses atrás ante el presidente estadounidense Donald Trump, durante una reunión en la Casa Blanca en febrero, donde ambos gobiernos acordaron intensificar la persecución contra los principales jefes del narcotráfico en Colombia, incluido alias “Chiquito Malo”.
Las críticas más duras llegaron desde Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que el Gobierno Nacional está “protegiendo a los peores criminales” y advirtió que suspender órdenes de captura contra cabecillas del Clan del Golfo representa un golpe para las víctimas y para la autoridad del Estado.
“Eso no es paz. Eso es premiar a los peores criminales y humillar a las víctimas”, escribió el mandatario distrital en su cuenta de X, donde además cuestionó que delincuentes sean convertidos en “gestores de paz” mientras las estructuras ilegales siguen extorsionando, reclutando menores y asesinando civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Gutiérrez también afirmó que el mensaje que hoy envía el Gobierno es que “en Colombia delinquir paga”, y sostuvo que la verdadera paz debe construirse “con justicia, autoridad y respeto por la gente buena de este país”.
La polémica crece en un momento sensible para la relación entre Colombia y Estados Unidos, luego de que Washington retirara el año pasado la certificación de aliado estratégico antidrogas al país, argumentando insuficientes resultados en la lucha contra el narcotráfico.
La suspensión de las órdenes de captura contra alias “Chiquito Malo” vuelve a poner en el centro del debate la política de paz total de Petro, señalada por sectores políticos y de seguridad de otorgar beneficios a estructuras criminales mientras persisten la violencia y el control armado en varias regiones del país.