La candidata presidencial Paloma Valencia reveló una serie de documentos con los que denunció presuntas irregularidades en la ejecución del denominado “Proyecto Fortaleza”, un contrato por $1,5 billones firmado entre el Gobierno colombiano y la Canadian Commercial Corporation, agencia del Gobierno de Canadá, para la construcción de una nueva sede administrativa del sector defensa en Bogotá.
Según Valencia, durante la gestión del exministro de Defensa Iván Velásquez se habría realizado una modificación contractual que permitió girar $195.375 millones al contratista canadiense por concepto de utilidad anticipada, pese a que, de acuerdo con la denuncia, la obra nunca inició y no existiría evidencia de ejecución física del proyecto.
“Queremos denunciar una presunta corrupción gravísima del ministro de Defensa Iván Velásquez”, aseguró Valencia, al señalar que el contrato había sido firmado inicialmente el 2 de agosto de 2022, durante el gobierno de Iván Duque, con el objetivo de construir una gran sede para el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
La congresista explicó que, aunque el proyecto tenía fecha de entrega prevista para julio de 2026, el 19 de diciembre de 2022, ya bajo la administración del presidente Gustavo Petro y la dirección de Velásquez en el Ministerio, se habría modificado el acuerdo para aumentar los recursos entregados inicialmente al contratista y autorizar el pago anticipado de utilidades.
“Imagínense que el ministro giró $195.000 millones de los colombianos a un contratista en Canadá y a los meses echaron para atrás el contrato. ¿Dónde están los $195.000 millones? ¿Quién responde?”, cuestionó Valencia.
De acuerdo con la denuncia, los recursos habrían salido de una fiducia creada para proteger los dineros públicos y permanecerían en poder del contratista canadiense, pese a que el Ministerio de Defensa terminó unilateralmente el proyecto en febrero de 2026.
Valencia también advirtió que el contratista no habría entregado garantías suficientes para respaldar los recursos desembolsados y aseguró que el Ministerio de Defensa se habría negado a entregar los informes de supervisión del contrato.
Ante estos hechos, la candidata pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría abrir investigaciones urgentes para esclarecer lo ocurrido, determinar el destino de los $195.375 millones y establecer posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales en el fallido “Proyecto Fortaleza”.